Por Carolina Simbaña
El 17 de septiembre de 2015, Brandon Gavilanes obtuvo un crédito educativo, del Banco Pacífico, por 48 969 dólares. Quería estudiar para ser piloto comercial en la Escuela Sky Ecuador.
Tras obtener el dinero, el joven pagó el total del costo de la carrera, que iba a durar un año y medio. Sin embargo, meses después de empezar a estudiar, el centro educativo cerró.
“Esta escuela estafó a 65 o más estudiantes. Se llevaron el dinero y ellos no pudieron graduarse. Hasta el día de hoy no podemos recuperar ese dinero”, cuenta Valery Ordóñez, madre de Brandon, quien ahora tiene 26 años.
Tras el cierre de la escuela, el 14 de mayo de 2018, Ordóñez inició una demanda por estafa contra la escuela, que fue archivada. Brandon empezó a pagar 529 dólares mensuales por el crédito.
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“Desde la fecha que nos dieron el crédito tuvimos año y medio de gracia hasta que termine la carrera. Después de ese período teníamos que empezar a pagar, pero solo pudimos cancelar dos cuotas porque tuvimos problemas económicos y vino la pandemia”, relata la madre.
Entonces, cuenta, el problema empeoró. El 27 de octubre de 2021, se inició un juicio por coactivas contra Brandon por el crédito educativo. Cada día el valor a cancelar aumenta por intereses y otros pagos.
“Prácticamente se duplicó. Teníamos un capital de 48 969 dólares, más intereses por desembolso de 11 144, gestión de cobranzas por 356, intereses ganados de 10 901, intereses de mora por 7 940, seguro de desgravamen por 193, costos judiciales y honorarios de abogados de coactiva por 6 360. Todo eso suma 96 000 que debemos pagar”, dice Ordóñez.
Acción de protección
En mayo de 2023, Brandon presentó una acción de protección por vulneración de derechos al tener a su cargo a un niño con dos enfermedades huérfanas y catastróficas.
Brandon es padre sustituto de su hermano Mateo, quien tiene síndrome de Lenz y de Pierre Robin, enfermedades catastróficas que le dejan una discapacidad del 100%. El joven cubre parte de sus necesidades, además de medicina, exámenes, costos de hospitalizaciones, etc.
Decreto ley
Este 4 de julio de 2023, el presidente Guillermo Lasso firmó un nuevo decreto – ley para ciudadanos en coactiva por créditos educativos. Sin embargo, para la madre de Brandon, el anuncio no genera grandes expectativas.
Sostiene que “no define el interés y aumenta los garantes e hipotecas. Son excesivos los cobros por concepto de gastos administrativos y abogados de coactivas. No existe un ente regulador para el Instituto de Fomento al Talento Humano. Se debe solicitar urgente una auditoría y pedir información a la Superintendencia de Bancos”.
Tabla de amortización
Para Juan Jacobo, abogado del Colectivo de afectados por el IECE, el decreto – ley firmado por el Presidente tiene sus beneficios, pero para que la ley realmente funcione «se deberían hacer cambios en la tabla de amortizaciones por que son muy altas”.
Jacobo sostiene que “una persona que gana 450 dólares no puede pagar 500 o 600 de préstamo. Entonces, obviamente, incumple, y cuando lo hace vuelve todo a su estado inicial”.
Decreto Ley
El documento firmado por Lasso es el Decreto Ley de Apoyo Financiero a favor de Beneficiarios Coactivados de Créditos Educativos, Becas y Ayudas Económicas de años anteriores.
La normativa será enviada a la Corte Constitucional y, según el Mandatario, habrá más de 60 000 beneficiarios. Con la propuesta, que incluye reformas a cuatro cuerpos normativos, “podrán acceder a la remisión, condonación, ampliación de plazos y condiciones para la firma de convenios de pago”, aseguró Lasso
Entre los beneficios anunciados por Lasso están:
- Eliminación del reporte de las operaciones en coactivas para el buró de crédito, mejorando la calificación crediticia de los usuarios.
- La eliminación del 100% de intereses, multas y recargos para créditos educativos, becas y ayudas económicas generados por obligaciones vencidas o por convenios de pago.
- Las personas que se encuentren desempleadas tendrán un periodo de gracia de seis meses para pagar sus deudas.
- Se amplía el beneficio de la condonación total o parcial del crédito para quienes tienen algún grado de discapacidad o sufren enfermedades raras o catastróficas.
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