Los Colegios de Abogados de Guayas y Pichincha preparan demandas de inconstitucionalidad contra la reforma al artículo 369 del Código Integral Penal (COIP), sobre la delincuencia organizada.
Anteriormente el artículo concluía con un párrafo sobre la sentencia de cinco a siete años de prisión que podía dictarse contra colaboradores.
Pero ahora, la reforma agrega que por colaborador se entenderá a quien ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos, científicos u otros ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de la organización.
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Con esto, el gremio considera que se está criminalizando la profesión. Ya que la reforma permitiría procesar a abogados como colaboradores de quienes afronten cargos por delincuencia organizada.
Jorge Yánez, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, dice que el texto “da la libertad para interpretar (sobre colaboradores). No dicen la asesoría ilegal con conocimiento del abogado para que se cometan ilícitos”.
Por esta razón, el gremio asegura que se mantendrán vigilantes a cómo se aplique la figura de colaborador una vez que la reforma entre en vigencia el próximo 12 de mayo.
Mientras, desde el Colegio de Abogados de Pichincha esperan celeridad por parte de la Corte Constitucional a la respuesta de la demanda, aunque reconocen que una resolución podría tomar varios meses, inclusive años.
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