La desconfianza en las instituciones del Estado frente al incremento de la delincuencia en el Ecuador hace que comunidades busquen aplicar ajusticiamientos a los presuntos autores de delitos. Especialistas advierten sobre los riesgos que esto conlleva en lo penal y en lo social.
“Lardón y extorsionador capturado, será quemado”, advierte un cartel que un grupo de personas colgó en la entrada del cantón Moraspungo, en la provincia de Cotopaxi. Este mensaje se repite en varias ciudades y pueblos del país.
Según el sociólogo Carlos Tutivén, el pacto de “no agresión” que existe en los ciudadanos se va resquebrajando. “Ante la impotencia y la rabia que esto produce, lo que queda a los moradores es ‘tomar la justicia por sus manos’. En términos civilizatorios esto no es una verdadera justicia sin embargo, es entendible por la situación que estamos viviendo en el Ecuador”, agregó.
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Videos que circulan en redes sociales evidencian el accionar de multitudes que actúan entre el hartazgo, la desesperación e incluso el miedo, linchando a personas que presuntamente son culpables de delitos. Pero esta situación tampoco deja de ser un delito.
El abogado penalista Cristofer Gallegos cree que es importante distinguir la defensa propia del ajusticiamiento.
“Si en esa defensa se lesiona o se mata al agresor, la conducta está justificada. Consecuentemente no hay punibilidad ante ese acto. Pero hay que diferenciar de una legítima defensa a una respuesta colectiva por parte de la ciudadanía. Esos comportamientos necesariamente van a derivar a Fiscalía y los responsables serán investigados, eventualmente procesados y probablemente condenados”, dijo el jurista.
Caso
El 16 de octubre del 2018 una turba enardecida en Posorja, provincia del Guayas, asesinó a tres personas señaladas como presuntos secuestradores. Al año siguiente 11 personas fueron sentenciadas. Siete de ellas a 34 años de prisión por asesinato en calidad de autores. Los demás a 17 años de reclusión.
Los especialistas aseguran que es importante que el Estado logre recuperar la confianza de la población. “La solución pasa por una acción de carácter estratégico pero de carácter holístico e integral donde los poderes del Estado se cohesionen para generar políticas públicas integrales”, comentó el abogado Gallegos.
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