Este jueves 20 de julio de 2023 la Corte Constitucional se reunió para el análisis de la Ley para la Reestructuración Empresarial o Ley de Quiebras. Una decena de amicus curiae se registraron para la audiencia pública.
Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia, estuvo en la sesión en representación del Primer Mandatario que continúa fuera del país. Explicó las razones para enviar la ley como urgente.
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«Salvar una compañía que, no solo genera empleo, sino tributos, es beneficioso para la sociedad», agregó en su intervención. La propuesta estaría enfocada en salvaguardar a las empresas de los riesgos que podría traer el fenómeno de El Niño.
Según el Comité Empresarial Ecuatoriano, las pérdidas podrían alcanzar los 8 000 millones de dólares. Y lo que temen es repetir lo ocurrido en la pandemia cuando unas 22 000 empresas cerraros sus puertas.
Por su parte, Marco López, superintendente de Compañías, aclaró que los cambios suspenden los procesos administrativos o judiciales de cobro de deudas hasta que las empresas lleguen a un acuerdo con sus acreedores.
Casi una hora se llevó en escuchar a los ciudadanos que se inscribieron para intervenir.
La jueza Daniela Salazar deberá elaborar un proyecto de dictamen para ponerlo en conocimiento del Pleno de la Corte. Ya en esa instancia se definirá si dar paso o no al Decreto Ley, que es el cuarto enviado por el presidente Guillermo Lasso desde que se aplicó la muerte cruzada.
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