Presupuesto del Consejo de la Judicatura se definirá en mesas técnicas

En el tercer día de audiencia por la acción de protección interpuesta por el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, se determinó que el Ministerio de Economía y Finanzas y este organismo deberán conformar mesas técnicas para encontrar una solución en la asignación de presupuesto.

Este viernes 21 de abril del 2023 «la jueza declaró la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y se dispuso la entrega del presupuesto óptimo solicitado por la Función Judicial acorde a las necesidades actuales». Así lo informó el Consejo de la Judicatura en un comunicado.

Además, detalló que tanto la Judicatura como el Ministerio de Economía y Finanzas deberán generar una solución presupuestaria a través de las mesas técnicas en una plazo de 30 días.

En esta acción de protección se pide al Gobierno el desembolso de 265’650.998,80 dólares al presupuesto del Consejo de la Judicatura. Un monto que constituiría al «déficit del gasto corriente del ejercicio fiscal 2023, con un recargo del 10% por cada día de retraso, en caso de incumplimiento del plazo otorgado; adicionado a esta suma global, los intereses legales y vigentes», señaló el organismo el 3 de abril del 2023.

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Rechazan acción de protección

Tras conocerse la resolución, el Ministerio de Economía emitió un comunicado en el que rechazó la acción de protección y «aceptó la vulneración del acceso efectivo a la justicia». De igual manera, comunicó que en un mes se analizarán y priorizarán los proyectos de inversión, y las necesidades judiciales, incluso para mejorar su ejecución.

Finalmente, recordó que «cualquier asignación de recursos se realizará siguiendo el debido proceso y priorizando las necesidades de la ciudadanía«.

Por su lado, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, rechazó la acción de protección presentada por Wilman Terán y «la pretensión de politizar las finanzas públicas», señaló en su cuenta de Twitter, confirmando que la jueza aceptó parcialmente la vulneración derecho a acceso de justicia.

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