Unidad Popular presentó, este jueves 9 de mayo del 2024, una denuncia contra Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, por el polémico proyecto en Olón, Santa Elena, a cargo de una empresa en la que es accionista.
Los representantes de la organización política detallaron que se acusa a la primera dama de Ecuador del presunto delito de tráfico de influencia y delitos contra la naturaleza por las obras que se llevan a cabo en Esterillo Oloncito, área de bosque o vegetación protectores desde 2001.
«Ecuador no es una hacienda. El presidente Daniel Noboa no debe utilizar su Gobierno para favorecer los negocios familiares«, afirmó Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, al recalcar que en el caso de Olón existe un abuso del poder.
«El Estado ecuatoriano debe actuar conforme a la ley para proteger la naturaleza y no los negocios privados. Este caso, que causa indignación y repudio de la ciudadanía, tiene que ser fiscalizado por la Asamblea y la Controlaría«, sentenció Atarihuana.
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El dirigente dijo que también se estarían cometiendo delitos de carácter penal que deben ser investigados por la Fiscalía. «Hablamos de presuntos delitos de tráfico de influencias y delitos contra la naturaleza. Se está atentando con un ecosistema que esta protegido por la Constitución y, al menos, una sentencia de la Corte Constitucional «, añadió.
Además, Atarihuana instó a la Fiscalía General del Estado a actuar en defensa de la naturaleza y fe pública para que «el Gobierno no sea utilizado para favorecer los negocios familiares del Presidente de la República».
«Necesitamos que la Fiscalía actúe sin favor ni temor. Estamos solicitando una investigación que involucra a varios miembros del gabinete, a la esposa del Presidente y que evidentemente debe ser esclarecido», manifestó el director nacional de Unidad Popular.
También adelantó que a través del asambleísta Arturo Ushga se realizará una investigación sobre la veracidad de la declaración juramentada del Presidente. Sobre todo en relación a las acciones que tiene su esposa en la empresa inmobiliaria involucrada en el proyecto en Olón.
Finalmente, expresó su solidaridad con los comuneros de Olón ante el fuerte despliegue de las fuerzas del orden hacia las personas que están defendiendo su territorio. «Esa política de atacar a los comuneros es una política extractivista y represiva que condenamos», concluyó.
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