La Federación Latinoamericana de Fiscales se pronunció tras la decisión del Ministerio del Interior de Ecuador de disponer la rotación de policías de la Fiscalía General del Estado. El organismo manifestó su preocupación frente a esta acción, que se tomó con parte de la cúpula de seguridad personal de la fiscal general Diana Salazar.
El organismo internacional sostiene que esta decisión es totalmente innecesaria y que para su ejecución se debía tener el consentimiento de la magistrada. Esto, sumado a una evaluación previa de riesgos que descarte cualquier profundización del estado de inseguridad que pueda afectar su desempeño laboral y personal.
Las directrices sobre la función de los fiscales contienen lineamientos destinados a garantizar que estos puedan ejercer sus funciones con imparcialidad y objetividad, dice un comunicado. Este agrega que las directrices permiten que los funcionarios no estén sujetos a intimidación e injerencias indebidas. Los lineamientos fueron aprobadas en 1990, durante el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
Policía comunitaria
La Federación también se pronunció sobre el traslado de 37 efectivos de la policía comunitaria. Sostiene que esto se habría hecho sin tomar en cuenta la intervención de la Fiscalía General del Estado. Esta debe ser requerida legalmente, en su carácter de presidente del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses (Seiimlcf).
El organismo sostuvo “aparece como un acto inconsulto y arbitrario, que promueve la sospecha de una intención de entorpecer el trámite de las investigaciones penales». En especial, dice, de delitos de graves y de actos de corrupción”.
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