El Ministerio de Defensa ha confirmado que la compra del nuevo sistema de control y vigilancia del espacio aéreo costará 45 millones de dólares, de esa cantidad, 24 millones estarán destinados a la compra del nuevo radar que funcionara a finales del 2024.
Pero también se ha confirmado que para esto se ha contratado a la empresa Indra, la cual se dedica a la gestión de tráfico aéreo, soluciones tecnológicas y soluciones de comunicación.
Y que es la misma que en 2011 fue contratada por el Consejo de la Judicatura en transición para la implementación del Sistema Justicia 2.0 que nunca funcionó y que hasta ahora mantiene una glosa pendiente.
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Un examen realizado por la Contraloría General del Estado en 2014 confirmó responsabilidades civiles y administrativas por 25.4 millones de dólares, es decir, una glosa confirmada por 23, 7 millones de dólares.
Contraloría también identificó irregularidades en el proceso de pagos a funcionarios, digitalización del sistema y otros. En el informe asegura que se comprobó la compra de relojes biométricos, faciales, de huella y UPS que el Consejo de la Judicatura no necesitaba. Solo en este rubro la Contraloría estableció un perjuicio de más de 759 mil dólares.
Asimismo, se identificó inconsistencias en los pagos de honorarios extras a funcionarios y técnicos de la Judicatura sin ninguna justificación. Todo esto ocurrido en la administración del 2011. Sin embargo, la glosa fue impugnada y el proceso permanece en el Tribunal Contencioso Administrativo desde hace casi 10 años.
Con esta nueva adquisición se espera reemplazar al radar de Montecristi, que se puso en funcionamiento en octubre del 2021 y en menos de un mes, el 7 de noviembre, lo destruyeron. Por este caso, la Fiscalía ha formulado cargos en contra de 14 integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana por el presunto delito de sabotaje.
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Personas que fueron secuestradas y luego liberadas enfrentan ataques en Guayaquil. Detalles https://t.co/LadneE5fB0 pic.twitter.com/MLrMXRriE3
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