Está en manos de la Fiscalía la asistencia penal internacional que envió EE.UU. y Panamá, en la que hay documentos que confirmarían la red de corrupción que se creó en Petroecuador para la adjudicación privilegiada de contratos de preventa petrolera.
La instrucción fiscal en este caso está por cerrase y la Fiscalía trabaja a contrarreloj con los últimos documentos recibidos. Ambos países hicieron tres envíos de información que está almacenada en tres discos duros y un USB.
Según las autoridades el primer disco ya fue materializado por criminalística y tiene al menos 750 mil archivos entre los que hay chats, correos, videos y audios que serían el sustento de la trama.
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Fiscalía ubica como líder de esta red de corrupción a Nielsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, que por el momento se encuentra bajo medidas sustitutivas ante la justicia de EE.UU. Bajo su dirección están tres exintegrantes de su equipo de trabajo: Miguel Palacios, Galo Garzón y Andrés Racines. Ellos fueron contratados como analistas y llegaron a ser subgerentes.
En la estructura de corrupción tenían la labor de entregar la información a comercializadoras transnacionales de crudo, mimas que habrían entregado sobornos que llegaron a los 20 millones de dólares.
Según lo expuesto por la Fiscal Diana Salazar, durante la audiencia de vinculación, el dinero de los sobornos salió de los contratos logrados con al menos cinco empresas: Petrochina, Unipec, Petrotailandia PPT, Omán Trading International y Ancap.
La normativa ecuatoriana establece que la negociación de dichos contratos debe ser directa entre los Gobiernos, pero pese a eso según lo detectado por Fiscalía, una vez prevendido el petróleo ecuatoriano estas empresas a su vez firmaban otros contratos con intermediarias que transportaban el crudo y entregaban a precios más altos. Ese exceso cobrado era usado para el pago de sobornos a Nielsen Arias, Mauricio Samaniego, entre otros exfuncionarios.
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