El Gobierno reiterĆ³ que acatarĆ” el fallo arbitral que le condenĆ³ en 2014 a indemnizar a la petrolera francesa Perenco con 374 millones de dĆ³lares mĆ”s intereses.
AsegurĆ³ no tener constancia de que activos estatales hayan sido congelados en Luxemburgo por no haber acatado hasta ahora la resoluciĆ³n.
El Ministerio de EconomĆa y Finanzas afirmĆ³ en un comunicado que Ā«hasta el momento no se ha recibido una notificaciĆ³n oficial por parte de las autoridades judiciales de Luxemburgo, ni se conoce de ninguna afectaciĆ³n a los activos del paĆs en el extranjeroĀ».
Las autoridades ecuatorianas se refirieron asĆ Ā«al congelamiento de los activos del Estado reportados por agencias de medios internacionalesĀ» en bancos de Luxemburgo.
por orden de un juez de ese paĆs con el objetivo de garantizar el cobro de la indemnizaciĆ³n que debe recibir Perenco.
En su comunicado, el Ministerio de EconomĆa afirmĆ³ que la reparaciĆ³n cifrada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, es de 374 millones de dĆ³lares y no de 391 como se indica desde la compaƱĆa.
Asimismo, indicĆ³ que continuarĆ” junto a la ProcuradurĆa (AbogacĆa) General del Estado, el establecimiento del mecanismo de pago con la compaƱĆa Perenco.
Ā«Una vez hechos los pagos, corresponderĆ” a la PGE coordinar con las entidades pĆŗblicas correspondientes el inicio de los juicios de repeticiĆ³n contra los funcionarios responsables de los actos por los cuales el Estado fue condenado internacionalmenteĀ», detallĆ³.
El Ministerio de EconomĆa recordĆ³ que este proceso arbitral se iniciĆ³ el 30 de abril de 2008, cuando Perenco demandĆ³ a Ecuador ante el Ciadi para reclamar originalmente el pago de 1.423 millones de dĆ³lares como reparaciĆ³n por el daƱo que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopciĆ³n en 2006 de la Ley 42.
En esa norma se estableciĆ³ una participaciĆ³n mĆnima del Estado equivalente a un 50 % de los excedentes de los precios de venta de petrĆ³leo no pactados o no previstos; porcentaje que mediante el Decreto 662, dictado en 2007 durante el mandato del expresidente Rafael Correa, se incrementĆ³ al 99 %.
Esta legislaciĆ³n modificĆ³ de manera unilateral los contratos que el Estado ecuatoriano habĆa asumido aƱos atrĆ”s con Perenco para la exploraciĆ³n y explotaciĆ³n de petrĆ³leo en los bloques 7 y 21, ambos ubicados en la AmazonĆa ecuatoriana, en virtud de un convenio bilateral de inversiones entre Ecuador y Francia.
El tribunal arbitral resolviĆ³ que dicho incremento equivalĆa a una confiscaciĆ³n y condenĆ³ al Estado ecuatoriano con el pago de 374.373.154,25 dĆ³lares mĆ”s intereses.
En junio de 2021, tras la llegada a la Presidencia de Guillermo Lasso, el Gobierno manifestĆ³ su compromiso por respetar el laudo arbitral, despuĆ©s de que durante en 2019 la ProcuradurĆa solicitara la anulaciĆ³n del fallo.Ā