Más de 1 000 funcionarios con contratos ocasionales deberán desvincularse de la Asamblea tras la aplicación del Decreto 741 con el que el presidente de la República, Guillermo Lasso, disolvió este organismo.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que en una situación como esta es la Administración General de la Asamblea la que debe asumir su representación legal. Miguel Pesantez, que fue designado por Virgilio Saquicela para este cargo, aún no se ha pronunciado sobre si continuará en funciones.
Los asambleístas se encuentran en el grupo de funcionarios públicos con sueldos más altos en el país. Los 137 legisladores perciben mensualmente 4 759 dólares, representando un egreso para la Asamblea Nacional de 651 983 dólares al mes.
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Además, cada legislador cuenta con un asesor de nivel 1, que mensualmente percibe 3 014 dólares. A este se suman un asesor de nivel 2, con un sueldo de 2 454 dólares, y dos asistentes con un sueldo de 1 394 dólares.
Un informe del Observatorio Legislativo, elaborado en 2022, detalla que el gasto público en personal parlamentario se ha ido incrementando en el transcurso de los últimos 10 años. Pasó de 150 millones de dólares en el periodo legislativo 2009-2013 a 185 millones en el periodo 2017- 2021.
El presupuesto de la Asamblea para el 2023 era de 51,4 millones de dólares, de los cuales 17,7 ya fueron ejecutados, en su mayoría a gastos de personal.
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