El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, recibió este lunes al director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de Estados Unidos, Scott Nathan. Ambos conversaron sobre proyectos de protección ambiental, entre otros asuntos.
Así lo confirmó la Presidencia de Ecuador, en un mensaje de Twitter. También indicó que entre los objetivos del encuentro hay una conversación sobre «los desafíos del sistema de financiamiento multilateral para enfrentar situaciones adversas como el fenómeno ‘El Niño'».
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En la cita, que se celebró en el Palacio presidencial en el casco histórico de Quito, también se abordó la posibilidad de «ampliar la cooperación con Ecuador en nuevos proyectos de protección ambiental».
El Gobierno ecuatoriano también ha expresado su agradecimiento por el aval financiero que la DFC dio al Ecuador «para obtener la garantía de estabilidad política, con la cual se logró el canje de deuda por naturaleza que permitirá un ahorro de unos 1.600 millones de dólares».
Se refirió a una operación de reconversión de un tramo de la deuda exterior del país por proyectos ambientales en las Islas Galápagos. Lo que partió de un nuevo crédito emitido por el Credit Suisse.
Dicho préstamo cuenta con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un seguro de riesgo político de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos.
Situación de Ecuador
La visita se dio en un momento en que Lasso se encuentra a poco de entregar el poder a un sucesor. Este surgirá de unos comicios presidenciales y legislativos extraordinarios que tendrán lugar el próximo 20 de agosto.
Esas elecciones responden a un procedimiento constitucional conocido como «muerte cruzada» invocado en mayo pasado por el presidente Lasso. Con ese disolvió el Parlamento y convocó a elecciones anticipadas.
Las autoridades que resulten designadas en esos comicios completarán el periodo 2021-2025. Mismo que le correspondía a Lasso, pero que fue recortado por el mandatario al anunciar la «muerte cruzada».
Ese atajo constitucional se planteó en un momento en que el gobernante estaba sometido a un juicio político de censura en la Asamblea Nacional. Misma que era de mayoría opositora y donde era acusado supuesto peculado, cargos que él ha negado enfáticamente. (EFE)
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