Los sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre salvadoreña de El Mozote (1981), en la que el Ejército ejecutó a unos 1.000 civiles, llamaron al presidente Nayib Bukele a no firmar una ley aprobada en el Congreso y que no les fue consultada.
Se trata de la Ley del Registro de Víctimas de El Mozote, aprobada la semana pasada y que, de acuerdo con los abogados de las víctimas, no cumple con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y «revictimiza».
Leonel Claros, de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (Apdhem), señaló que presentaron una carta a Bukele para que no firme ni mande a publicar la referida ley.
«La ley no fue consultada con las víctimas», dijo, y señaló que inicialmente se esperaba que esta norma podría beneficiar a los sobrevivientes y familiares a entrar al registro de víctimas en los casos de uniones libres o de «hijos no reconocidos».
Además, Claros indicó que esperaban que una ley de este tipo pudiera «favorecer los trámites» al ser más rápidos y gratuitos par las «más de 900 personas que están esperando ser incorporadas» al registro.
Opiniones
Antonio Aguilar, abogado de la organización Cristosal, sostuvo que la sentencia de la Corte IDH indicó que el mecanismos para este registro debe ser «sencillo, práctico, expedito y gratuito» y que la ley aprobada «no cumple con esos requisitos».
Ovidio Mauricio, director de la organización Tutela Legal «María Julia Hernández», recordó que durante la guerra civil (1980-1992) se destruyeron registros familiares.
Las personas que hacen falta por inscribir en el registro no han podido «reclamar las reparaciones que les corresponde».
El Registro Oficial y Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños registra un total de 1.730 víctimas.
988 fueron ejecutadas y 665 son familiares.
La creación de un registro fue ordenada por la CorteIDH en una sentencia contra el Estado salvadoreño del 25 de octubre de 2012.
Historia
Dicho registro «sería la herramienta técnica y el procedimiento idóneo para cumplir con la obligación establecida en la sentencia».
De acuerdo con lo establecido por la Corte IDH y «consistente en la determinación cierta de otras personas que también deban ser consideradas víctimas y, en su caso, beneficiarias de las reparaciones».
Por esta masacre son procesados penalmente más de una docena de mandos militares retirados.
Son acusados por crímenes de lesa humanidad.