Pregunta A de la consulta popular y referéndum: FF.AA. contra el crimen

La primera pregunta (CASILLERO A) que los ecuatorianos responderán en las elecciones del domingo 21 de abril del 2024 pertenece al referéndum. Es decir que esta pregunta implica una reforma en la Constitución de Ecuador.

Como introducción, el ítem plantea que, actualmente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción.

La pregunta dice:

¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el Anexo 1?

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Actualmente, el artículo 158 de la Constitución de Ecuador señala que Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial.

En caso de que el Sí gane en esta pregunta, el artículo 158 de la Carta Magna tendrá una modificación parcial. Con eso, las FF.AA. pueden brindar apoyo complementario a la Policía en la lucha contra el crimen organizado. La aplicación se basará en un informe del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado y un decreto presidencial.

El anexo de la pregunta establece que la colaboración de las FF.AA. se ceñirá a ocho delitos: narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación y delincuencia organizada. Asimismo, el apoyo complementario podrá brindarse cuando existe grave conmoción interna en el sistema penitenciario.

La pregunta de referéndum plantea que el apoyo tendría un límite temporal de 180 días, con posibilidad de renovación por 30 días adicionales si persisten las causas que lo motivaron.

Además, establece que las autoridades y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso cometido durante la colaboración de las Fuerzas Armadas con la Policía. El personal militar recibirá capacitación continua en derechos humanos y protección interna, en caso de que se apruebe esta reforma constitucional.

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