Pregunta I de la consulta popular y referéndum: porte de armas

La novena pregunta (CASILLERO I) que los ecuatorianos responderán en las elecciones del domingo 21 de abril del 2024 pertenece a la consulta popular. Es decir que esta pregunta supone cambios legislativos que no afectan a la Constitución del Ecuador.

La pregunta dice:

¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?

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Esta pregunta está encaminada a tipificar como delito la tenencia de armas militares o policiales en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), haciendo una distinción sobre aquellas armas que están permitidas para los civiles.

Actualmente, este cuerpo legal en los artículos 89 y 197, hacen referencia al robo o hurto de material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar. El servidor policial o militar que cometa este delito es sancionado con una pena privativa de libertad de hasta siete años

Sin embargo, al momento no se cuenta con un artículo específico que hable sobre la tenencia de este armamento. En caso de que el Sí gane en esta pregunta, el Presidente de la República deberá remitir un proyecto de ley reformatoria al COIP que contenga las reformas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en esta pregunta.

El Primer Mandatario tendrá un plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados oficiales de la consulta popular para remitir este proyecto a la Asamblea. El legislativo deberá debatir y aprobar la reforma en un plazo máximo de 60 días.

Entre los considerandos de esta pregunta se señala los resultados obtenidos en operativos ejecutados a nivel nacional en los últimos años. Entre los años 2020 y 2023 se incautaron 4.597 armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de uso privativo de la Policía Nacional. Las autoridades identificaron un aumento en el índice de incautaciones por año.

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