La jueza de la Corte Constitucional, Teresa Nuques, dio un plazo de 24 horas al presidente Daniel Noboa para que decida si mantiene las 11 primeras preguntas para la consulta popular o no.
Expertos señalan que la Corte le está dando al primer mandatario la posibilidad de rectificar. El plazo termina la tarde de este miércoles 17 de enero de 2024.
Y fue precisamente, esta tarde que el Gobierno Nacional decidió enviar un documento escrito a la Corte Constitucional con su respuesta donde decidió eliminar la pregunta 11.
Esta decía: ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el Anexo de la pregunta 11?
Sobre esta pregunta el Primer Mandatario decidió «no insistir en su petición original». Lo hace tras considerar que el debate ciudadano relacionado a los casinos «no es oportuno en estos momentos». El resto de las preguntas sí estarían dentro del pedido de análisis en la Corte Constitucional.
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Una oportunidad inédita dada por la Corte
El exjuez constitucional, Ramiro Ávila, asegura que esta oportunidad de la Corte le permite al presidente la opción de rectificar y que el tema «no se vea como un revés político«, aseguró Ávila.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Emilio Suárez, recuerda que «es la primera vez que la Corte Constitucional emite un pronunciamiento de esta naturaleza, la jueza Nuques se fundamenta en el artículo 8 del Reglamento de Transición de Procesos que dice que los jueces pueden solicitar informes técnicos para resolver el caso».
Ávila explica que el primer paquete de preguntas no requiere de consulta popular, «siete preguntas ya tienen regulación normativa; ocho preguntas tienen que ver con que el Presidente presente una reforma normativa, y ahora el Presidente se da cuenta que puede sin consulta popular presentar reformas normativas», sostuvo el exjuez.
Por su parte, en el segundo paquete de preguntas, según los expertos ya se plantean enmiendas constitucionales y para convocar a una consulta la decisión está en manos de la Corte y sus tiempos.
Si se llega a convocar a una consulta popular esta sería la número 13 que viviría el Ecuador desde el retorno a la democracia.