CJ declaró nula la homologación salarial de servidores judiciales; estos fueron los cuatro motivos

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió declarar la nulidad de la segunda fase de la homologación salarial para los servidores judiciales, que se aprobó en una resolución el 25 de agosto de 2009.

La decisión fue adoptada el 10 de julio de 2026, luego de que el organismo concluyera que el proceso fue aprobado sin certificación presupuestaria, sin sustento técnico para la valoración y clasificación de puestos y con observaciones emitidas por la Contraloría General del Estado.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo , aclaró que la medida no constituye una sanción contra los servidores judiciales ni desconoce la importancia de su trabajo.

"Lo que buscamos es garantizar que cualquier decisión se adopte con base en la normativa vigente", manifestó Caicedo.

Pese a la nulidad, la presidenta Mercedes Caicedo aseguró que la resolución no cierra la posibilidad de revisar las condiciones salariales de los servidores judiciales. "Si existen las condiciones jurídicas, técnicas y presupuestarias, se podría avanzar en ese proceso", manifestó.

Coincide el vocal Fabián Fabara. Él dijo:"No cerramos las puertas a construir una solución con sustento jurídico y técnico. Requerirá de estudios, mesas de trabajo y el financiamiento del gobierno central. Por responsabilidad, este Pleno no puede seguir generando falsas expectativas en los servidores judiciales, quienes merecen un trato transparente".

Estas fueron las cuatro inconsistencias detectadas por el Consejo de la Judicatura que habríam motivado a la declaratoria de nulidad de la segunda fase de la homologación salarial: 

1. Sin certificación presupuestaria

1. La decisión fue adoptada luego de conocer que la resolución de la segunda fase de homologación salarial fue aprobada sin certificación presupuestaria. 

El artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina que: “Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria".

2. Falta de clasificación de puestos

Se adoptó la resolución en 2009 sin sustento técnico para la valoración y clasificación de puestos.

La Contraloría General del Estado realizo un examen especial en 2010, el cual determinó que este proceso no contó con un manual de clasificación de puestos aprobados, para que técnicamente se pueda ubicar a los servidores en las bandas salariales.

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3. No se consideraron las características del puesto

La ubicación de los funcionarios dentro de las bandas en la homologación, dependió del monto de la remuneración mensual unificada de cada servidor.

"Es decir no se consideraron las características del puesto respecto a sus principales roles, atribuciones y responsabilidades en función de las unidades y procesos organizacionales", señaló el informe de Contraloría.

4. Distorsiones salariales

La Judicatura determinó que la implementación de la homologación "generaría distorsiones salariales y afectaría el principio constitucional de 'a igual trabajo, igual remuneración', al establecer salarios diferentes para quienes desempeñan las mismas funciones y responsabilidades".

La Contraloría también señaló, tras su auditoría, que "la segunda fase de la homologación ocasionaría una nueva desigualad tanto salarial como profesional pues existiría dos tipos de servidores con un mismo cargo realizando las mismas actividades pero con diferente remuneración".

Reclamo de los funcionarios judiciales

La decisión se produce en medio de los reclamos de servidores judiciales activos y jubilados, quienes desde hace varios años exigen el cumplimiento de la homologación salarial aprobada en 2009.

Los trabajadores sostienen que el Estado mantiene una deuda superior a 95 millones de dólares por este concepto y aseguran que no se trata de un incremento de sueldo, sino del pago de un beneficio que, según afirman, ha sido ofrecido por distintas administraciones del Consejo de la Judicatura.

De hecho, servidores judiciales activos y pasivos llegaron a los exteriores del Consejo de la Judicatura, en el norte de Quito, el pasado lunes 29 de junio, para pedir que se cumpla con la homologación salarial.