Asamblea fiscalizará las canteras de Quito por presunta minería ilegal: instituciones tienen 10 días para informar

La Asamblea Nacional resolvió fiscalizar la explotación de materiales áridos y pétreos en Quito, ante denuncias sobre presuntas actividades mineras ilegales. 

La decisión se aprobó con 83 votos y establece que varias instituciones deberán entregar información y documentos en un plazo de 10 días.

¿Qué instituciones deberán entregar información sobre las canteras de Quito?

El requerimiento está dirigido al Municipio de Quito, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), la Autoridad Ambiental Nacional y la Policía Nacional. 

Las entidades deberán informar sobre los permisos, controles, autorizaciones y seguimiento a las actividades extractivas en las canteras de la capital.

La resolución fue impulsada por el asambleísta Xavier Ordóñez, quien busca esclarecer cómo actuaron las instituciones frente a las presuntas actividades ilegales, los posibles incumplimientos de clausuras y las eventuales afectaciones al ambiente. La revisión abarcará las actuaciones realizadas entre 2024 y 2026.

El legislador también recordó que los recursos naturales no renovables y los yacimientos minerales pertenecen al Estado. 

Además, señaló que los municipios tienen competencias para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos dentro de sus territorios.

Calderón, Calacalí y el Chocó Andino, entre los sectores mencionados

Durante la exposición de los antecedentes, Ordóñez mencionó operativos contra presuntas actividades mineras ilegales en Calderón, Calacalí y el Chocó Andino. 

También alertó sobre posibles afectaciones a ríos, quebradas, fuentes de agua, suelos y comunidades cercanas a las zonas de extracción.

El asambleísta señaló, además, la existencia de indicios sobre posibles vínculos entre estas actividades y organizaciones criminales. 

Estos señalamientos forman parte de los aspectos que deberán ser revisados mediante la información que entreguen las instituciones.

La Comisión de Seguridad Integral estará a cargo de recopilar, analizar y contrastar los documentos. 

También podrá pedir información adicional, convocar a las autoridades responsables y recibir aportes de especialistas antes de elaborar un informe para el Pleno.

Con esta fiscalización, la Asamblea busca determinar cómo se han realizado los controles sobre las canteras de Quito y establecer si hubo fallas en la actuación de las instituciones.