Ajusticiamiento en Ecuador: entre la indignación ciudadana y el riesgo de cometer un delito

En medio del aumento de la inseguridad y la desconfianza en el sistema judicial ecuatoriano, los casos en los que ciudadanos terminan por ajusticiar o linchar a otros, señalándolos de delincuentes, es cada vez más común.

En la última semana de febrero, dos hombres fueron linchados en diferentes scetores de Quito. La comundiad los señaló por delitos y los agredió hasta que llegó la Policía Nacional para ponerlos bajo custodia.

El primer hecho se registró el 21 de febrero en el norte de la capital, sobre las calles América y Mañosca. Un hombre fue señalado por robar una motocicleta de otro dedicado al servicio de delivery.

Apenas dos días después se registró un hecho similar en el sur de Quito, en el sector de Turubamba. La Policía informó que un grupo de taxistas recuperó un vehículo presuntamente robado y retuvo a uno de los sospechosos del ilícito.

El hombre fue rociado con gasolina y quemado. Las autoridades lo trasladaron a una casa de salud.

Según datos de la encuestadora Click Research, de enero de 2026, el sistema de Justicia tiene apenas un 25,19% de aprobación, lo que se ve reflejado en las acciones ejecutadas por la ciudadanía en las calles.

Además, según la encuesta el 51,88% de los ecuatorianos reportaron que alguien de su hogar fue víctima de la delincuencia. 

Mientras que más del 62% califican como malas o muy malas las acciones del Gobierno en materia de seguridad. Por lo que la comunidad advierte con carteles en los barrios que ajusticiarán a los delincuentes hallados en cada zona.

Sin embargo, la mal llamada "justicia por mano propia" no existe y puede conllevar un delito, de acuerdo con las leyes de Ecuador.

Los ajusticiamientos incluyen castigos y linchamiento. Estos actos ciudadanos se dan sin esperar la intervención de la Policía o de un juez. En estos casos no existe un proceso legal ni garantías para determinar si la persona realmente es culpable.

Si bien la legítima defensa sí existe y está contemplada en el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), esta debe cumplir con ciertos requisitos para ser considerada como tal. La Ley dice que se considera así cuando "la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno".

Así, la legítima defensa debe ser calificada como tal por las autoridades. Según el COIP se debe demostrar:

• Que la legítima defensa sea ante una agresión actual e ilegítima
• Debe haber una necesidad racional de la defensa, es decir, que esta debe ser proporcional al ataque 
• Es necesario que la persona que se defiende no haya provocado la agresión con una acción similar previa

El COIP, en su artículo 140, dice que el “asesinato que se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular…” se sanciona con hasta 26 años de cárcel. Esto aplica en casos de linchamientos, algunos ya registrados en diferentes provincias del país. 

Linchamiento en Posorja

En Posorja, Guayas, ocurrió uno de los casos más emblemáticos de personas sentenciadas por rebasar el principio de defensa propia. 

Siete personas fueron sentenciadas a la pena máxima de 34 años y ocho meses de cárcel por la muerte de otras tres, señaladas por el presunto intento de secuestro de niños en la zona.

Además, otras cuatro personas fueron sentenciadas a una pena de 17 años como cómplices del linchamiento y asesinato.

En octubre de 2018 una multitud retuvo a tres personas acusándolas de intentar secuestrar a niños. Los sospechosos fueron detenidos en la Unidad de Policía Comunitaria, pero la turba logró sacarlos.

Las víctimas fueron apedreadas, golpeadas y acuchilladas hasta la muerte. Algunas personas intentaron prenderles fuego, pero la Policía lo evitó.