Presos que cultivan su comida: así funciona el modelo en países de la región

La alimentación en el sistema carcelario de Ecuador vivió una crisis en 2024. La empresa La Fattoria S.A. cortó el suministro de raciones alegando una deuda estatal de 30 millones de dólares.   

La respuesta del Ejecutivo fue tajante: llevó el caso a la Fiscalía General del Estado, denunciando presuntos nexos de la contratista con mafias, tras acaparar 171 millones en contratos.

Para frenar esta dependencia de empresas privadas, la Asamblea Nacional aprobó el 17 de marzo de 2026 la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. La normativa da un plazo de 36 meses al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) para lograr que los presos trabajen, produzcan y costeen su propia vida en prisión.

La décima disposición transitoria de la norma establece que en el plazo máximo 36 meses, el SNAI incorporará la "política pública de trabajo interno para las personas privadas de libertad, a fin de garantizar el ejercicio del derecho a la rehabilitación social, mediante el desarrollo de actividades laborales y productivas en estricto cumplimiento a los derechos y garantías contempladas en la Constitución"

De acuerdo con la ley, el objetivo es que se implemente una política de trabajo interno para personas privadas de libertad. Sin embargo, establece que la participación de los presos no será universal ni inmediata, sino que dependerá de evaluaciones técnicas de seguridad, salud y aptitudes.

Además, recalca que la alimentación es un derecho garantizado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y no puede condicionarse al trabajo al interior de las prisiones.

Aunque el COIP aclara que la nutrición es un derecho ineludible y no se condicionará a la capacidad de trabajo, el desafío logístico ecuatoriano es inmenso.

Las experiencias previas en Ecuador y otros países permiten anticipar los tipos de trabajo que podrían desarrollarse: carpintería, metalmecánica y construcción; textiles y confección de uniformes; agricultura y producción de alimentos; servicios internos como cocina, limpieza y mantenimiento; e incluso ‘call centers’ o servicios digitales básicos en modelos más avanzados.

En algunos centros penitenciarios del país ya existen talleres artesanales o productivos, aunque de forma limitada y sin una política nacional consolidada

¿Cómo funcionan otros modelos en la prisión?

El modelo más mediático es el de El Salvador. Allí, datos de la Dirección General de Centros Penales, miles de reos madrugan para sembrar granos y criar tilapias en el "Plan Cero Ocio". Este sistema le ahorra al país 56,1 millones de dólares al año.

En el penal de Santa Ana, uno de los más grandes de ese país, opera una maquila textil donde cerca de 6 000 reclusos trabajan en turnos de ocho horas para mantener la producción continua. Allí se confeccionan uniformes médicos, deportivos, del sistema carcelario y, a futuro, uniformes escolares estatales. 

El centro cuenta también con granjas agrícolas y ganaderas destinadas al autoconsumo, con la meta de avanzar hacia cárceles autosostenibles. 

No obstante, el modelo levantó las alarmas de Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes denuncian que estas labores bajo custodia militar rozan el trabajo forzado y violan las Reglas Nelson Mandela de la ONU.

En la otra orilla está Colombia. Según el análisis de la reciente Ley 2446 del Congreso colombiano, ese país ofrece exenciones de impuestos a la empresa privada que ingrese a las prisiones.

A la par, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) transfiere inmensas fincas decomisadas al narcotráfico para crear colonias agrícolas, como la de Acacías, que logra abastecer a supermercados nacionales.

Finalmente, está el caso de Brasil con el método APAC, documentado por la Fraternidad Brasileña de Asistencia a los Condenados (FBAC). En estas prisiones, donde no hay guardias armados, los internos manejan las llaves y cultivan hortalizas. El documento subraya que este modelo de autogestión cuesta un 33% menos que una cárcel normal y desploma la reincidencia criminal a apenas un 15%.