Las dos nuevas cárceles que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, prevé construir en el país bajo un modelo similar al de su homólogo Nayib Bukele en El Salvador tendrán un coste aproximado de unos 125 millones de dólares.
Así lo anticipó este miércoles 21 de febrero de 2024 el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí, en un taller sobre el proyecto de presupuesto estatal presentado el martes por el Gobierno para su correspondiente debate y aprobación en la Asamblea Nacional.
Esa partida de 125 millones de dólares forma parte del plan anual de inversiones del Ejecutivo, que asciende a más de 1 700 millones de dólares.
Falconí detalló que ese es el presupuesto inicial para las dos cárceles, que podría elevarse a unos 140 millones de dólares en función de ciertas variables en su construcción.
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La ubicación de las dos cárceles está contemplada en la costera provincia de Santa Elena y en la amazónica de Pastaza, donde las organizaciones indígenas han manifestado su oposición a tener esta prisión en su provincia.
Los diseños de estas dos prisiones fueron presentados en enero por Noboa, quien a finales del año pasado anticipó que los diseños de los dos centros penitenciarios correrían a cargo de las empresas que ya concibieron las últimas cárceles que se han construido en México y El Salvador, así como en Tailandia y Singapur.
Si bien estas dos prisiones se han comparado con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) construido en El Salvador bajo el mandato de Bukele, su capacidad será mucha menor, pues cada una estará diseñada para albergar a 736 reos, en lugar de los 40.000 reclusos que el Gobierno salvadoreño asegura que entran en su famosa penitenciaría para pandilleros.
Las dos cárceles tendrán un módulo de alta seguridad con 160 celdas, cada una para cuatro reos; un segundo módulo de máxima seguridad, con 32 celdas y dos presos por cada una, y un módulo de «súpermáxima» seguridad para 32 reos «con un alto nivel de peligrosidad, uno por celda».
El planteamiento de Noboa es aislar en estas cárceles a los líderes de las bandas criminales que han puesto en jaque la seguridad de Ecuador con una ola de violencia sin precedentes y que controlan internamente las prisiones ecuatorianas, donde por rivalidades entre estas organizaciones se han sucedido una serie de masacres carcelarias desde 2020 donde han muerto más de 450 presos.
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