Juicio político a la fiscal Diana Salazar en la agenda de la bancada correísta

Uno de los objetivos de la Revolución Ciudadana es destituir a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a través de un juicio político en la Asamblea Nacional. Este bloque no contará con el apoyo de Construye, quienes aseguran que no permitirán pactos de impunidad.

A menos de 10 días que se instale el nuevo periodo legislativo existe una disputa por los pactos políticos que se podrían presentar para designar las autoridades. En este marco se estaría tratando un acuerdo para destituir y censurar a Salazar.

Gissela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana, dice que las razones se enfocarán a su actuación en casos emblemáticos de corrupción y las acciones tardías en denuncias publicas relacionadas a investigaciones del caso Encuentro.

Para llevar a cabo la destitución de la fiscal, la bancada correísta necesita 92 votos, es decir, una mayoría absoluta. Por ello, ha empezado ha conversar con el resto de legisladores. Incluso este fin de semana hubo un cruce de acusaciones entre el expresidente Rafael Correa y Henry Kronfle, quien lidera la bancada del Partido Social Cristiano (PSC).

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Garzón confirma que el tema se trató con otros movimientos políticos, pero dice que no es la encargada para revelar el acuerdo al que habrían llegado.

Mientras que Diego Matovelle, asambleísta de ADN, asegura que ningún juicio político es prioridad para el oficialismo. «No va haber impunidad. Eso no puede estar en una mesa de trabajo, en una mesa de conversaciones», asegura.

También desde Construye, la segunda bancada más numerosa, se ratifica que no se pactará con el correísmo y se los acusa de tener una agenda de impunidad, venganza y odio. «Existe el número suficiente votos para que el presidente electo Daniel Noboa cuente con el resto de bancadas legislativas que no pertenecen a las mafias políticas«, señaló Ana Galarza, asambleísta de Construye.

Esta no es la primera vez que se busca la destitución de Diana Salazar, quien ha impulsado varias investigaciones en torno al gobierno de Rafael Correa. Entre ellas la del caso Sobornos, donde él y su círculo más cercano fue sentenciado.