La búsqueda de justicia de un grupo de trabajadores y extrabajadores de la empresa Furukawa continúa. Casi dos años después de que se ratificara una acción de protección a favor de los trabajadores, la Fiscalía, en su propio caso penal, llamó a juicio a la persona jurídica de Furukawa y a algunos de sus exgerentes. Se los acusa del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Alejandro Morales, abogado de 106 afectados por Furukawa, dice que si bien todavía no es una sentencia, el llamamiento a juicio significa una resolución optimista. “Les demuestra a las víctimas que nadie está por encima de la ley”, dice.
El abogado también explica que los afectados, en su mayoría campesinos y afrodescendientes, estaban acostumbrados a que nadie les haga caso. Morales cuenta que ellos solían pensar que no tenían derechos y que el que ahora se llame a juicio a la empresa que vulneró sus derechos, “les hace sentir escuchados”.
En Ecuador, Furukawa es el primer caso de trata de personas con fines de explotación laboral que ha llegado a esta etapa penal. Ahora, los 106 trabajadores y extrabajadores que constan como víctimas esperan que la justicia falle a su favor. Además confían en medidas de reparación y no repetición.
Lea también:
- ¿Qué dice la Fiscalía sobre las posibles violaciones de derechos en caso Furukawa?
- Ecuador reafirma en Ginebra su compromiso con los Derechos Humanos
¿Qué es Furukawa?
Furukawa Plantaciones C.A. es una empresa dedicada a la producción de abacá que funciona en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, desde 1967. El abacá es una planta de la que se extrae una fibra vegetal. Generalmente se utiliza para hacer sogas, bolsas de té, filtros de café y envolturas de algunos productos.
El caso Furukawa se hizo público en 2019, después de que los medios digitales La Barra Espaciadora y Plan V publicaran una investigación periodística. Esta revelaba que los empleados trabajaban en condiciones precarias. Varias personas de la empresa habían perdido piernas, antebrazos, dedos y otras partes de su cuerpo.
La investigación sobre Furukawa decía también que algunos de los trabajadores nacieron y crecieron en las plantaciones de la empresa. Ninguno de ellos vivía en condiciones adecuadas: no tenían acceso a baños, electricidad o agua potable. Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, tampoco tenían un contrato laboral y solo ganaban entre 200 y 300 dólares al mes (menos del sueldo básico).
El organismo dice que Furukawa es un caso de “esclavitud moderna”. Esta ocurre cuando una persona toma un trabajo en el que es explotada pero al que no puede negarse. El abogado Alejandro Morales dice que un censo de la Defensoría del Pueblo determinó que al menos 1 244 personas fueron víctimas de las vulneraciones de derechos de Furukawa.
El proceso legal
40 trabajadores de Furukawa que fueron despedidos denunciaron el caso en la Defensoría del Pueblo, en 2018; y el ente comprobó que había vulneración de derechos. En 2019, un grupo de 123 extrabajadores presentó una acción de protección contra la empresa y el Estado, en la Unidad Judicial de Santo Domingo. Casi dos años después, en abril de 2021, un juez constitucional aceptó la acción y declaró al Estado ecuatoriano y a la empresa Furukawa Plantaciones C.A culpables de la vulneración de derechos de los extrabajadores.
Por esa sentencia, en mayo de 2021, el Ministerio de Trabajo tuvo que pedir disculpas públicas a los afectados en el caso Furukawa. Luego, en octubre de 2021, la Corte Provincial de Santo Domingo ratificó la sentencia, que incluye varias medidas de reparación. Una segunda acción de protección se presentó en 2021, pero fue rechazada.
Tras las denuncias de los trabajadores de Furukawa, la Fiscalía también abrió una investigación contra la empresa. En febrero de este 2023, una jueza llamó a juicio a 3 personas y a la empresa por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Las personas llamadas a juicio son:
- Marcelo Almeida, exgerente de la empresa
- Hugo Adolfo Ch. B., gerente comercial
- Paúl Israel B. G., exgerente de recursos humanos
- La persona jurídica Furukawa Plantaciones C. A. del Ecuador
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el delito de trata de personas con fines de explotación laboral sucede cuando una persona capta, retiene o traslada a otra para explotarla laboralmente. Se sanciona con prisión de 13 a 16 años.