Una investigación de Periodistas Sin Cadenas revela que la verdad sobre el caso Nos Faltan 3 no se conocerá durante, al menos, cinco años más. En ella se detalla lo ocurrido con Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico de Diario El Comercio asesinado en Mataje,
La publicación, del lunes 10 de julio del 2023, dice que el Gobierno de Guillermo Lasso no desclasificará las actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). Esto lo habría confirmado el actual secretario de Seguridad, Wagner Bravo, al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom).
De acuerdo con la publicación periodística, en el documento del funcionario de Gobierno «se especifica que la información es secreta y las razones serían que las actas contienen estrategias de defensa nacional, protocolos y demás, ante posibles amenazas contra el Estado”.
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Esto, dice la publicación, significa que, bajo esta categoría, el candado se mantiene por, al menos, 10 años. Cinco han pasado desde el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico y desde entonces sus familias no abandonan la lucha por conocer qué pasó realmente.
El 27 de marzo del 2018 se confirmó el secuestro de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Tras cinco años del lamentable hecho, sus familiares y amigos no han podido acceder a la verdad, pese a que el expresidente Lenin Moreno y el actual, Guillermo Lasso, ofrecieron desclasificar la información.
La Ley de Seguridad Pública y del Estado, dice Periodistas Sin Cadenas, establece que los organismos de seguridad, entre ellos el Cosepe, pueden clasificar la información que generan bajo tres categorías: reservada, secreta y secretísima.
Periodistas Sin Cadenas recordó que, en un inicio, la información era reservada, por lo que deberían esperar cinco años para acceder a dichos documentos. Ahora que ha sido clasificada como secreta deben esperar 10 años para conocer su contenido.
Para los familiares de Paúl, Javier y Efraín, esa información permitirá establecer la responsabilidad que tuvo el Estado, a través de cada entidad y autoridad, en el tratamiento del secuestro, para recurrir a organismos internacionales en busca de justicia, señala la publicación.
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