Los nombres de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para presidir el Consejo de la Judicatura genera cuestionamientos. Los vínculos políticos y relación con jueces cuestionados son algunos datos expuestos en la fase de impugnación.
José Suing Nagua, presidente de la Corte Nacional de Justicia, aseguró que los tres candidatos son idóneos. «No tienen problemas con la Justicia, no tienen problemas en los temas laborales y no tienen problemas de alimentos. En definitiva hojas limpias«, aseguró.
Telmo Molina Cáceres, Dunia Martínez Molina y Hugo Landívar Orellana son los candidatos para relevar a Álvaro Román. Sin embargo, mientras avanza el proceso se conocieron los vínculos que generan cuestionamientos.
Tras conocer los nombres, Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados, advirtió que tienen relación con partidos políticos y eso podría empañar al sistema de Justicia.
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Telmo Molina es un juez de garantías penales que fue jefe de atención integral de Fiscalía, secretario de archivo central y es especialista en modernización judicial. Además, es esposo de la jueza Karen Matamoros, conocida por su cuestionada actuación en el caso Carlos Pólit. Ella condenó por calumnia a los miembros de la Comisión Anticorrupción y ordenó el pago de daños
La segunda en la terna es Dunia Martínez, quien es especialista en derecho constitucional. También fue parte de la Comisión de Calificación para jueces de la Corte Constitucional y es docente universitaria.
Mientras que el tercer nombres es de quien más se desprenden los cuestionamientos. Hugo Landívar Orellana fue funcionario del Municipio de Guayaquil y es un experto en arbitraje internacional. Además, se desempeñó como coordinador político de Acción Nacional Democrática (ADN) y fue abogado de Daniel Noboa.
Landívar renunció al cargo del partido oficialista el jueves 23 de mayo del 2024 tras conocerse los integrantes de la terna.
Esta terna ingresó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para un análisis de requisitos y un proceso de impugnación ciudadana.
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