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Sentencian a Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo por el caso Pruebas Covid-19 AMT

Un Tribunal dictó condenas de hasta 13 años y 4 meses de prisión por delincuencia organizada dentro del esquema de comercialización de insumos médicos durante la pandemia.

El expresidente Abdalá Bucaram fue procesado judicialmente por el caso Pruebas Covid. El Tribunal del caso dictará sentencia este miércoles 9 de septiembre de 2026. 

Diario Correo.

Autor

Roberto Cadena

Actualizado:

09 sep 2026 - 22:13

Un Tribunal dictó sentencia en el caso Pruebas Covid-19 AMT, imponiendo penas privativas de libertad al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley ya dos procesados más por el delito de delincuencia organizada.

De acuerdo con la resolución judicial emitida tras la reinstalación de la audiencia de juzgamiento, el exmandatario Abdalá B. y su hijo Jacobo B. fueron sentenciados a 9 años y 4 meses de prisión en calidad de colaboradores de la trama de corrupción.

En la misma diligencia, el Tribunal condenó a Leandro B. y Sheinman O. a una pena de 13 años y 4 meses de cárcel tras ser identificados como autores directos del delito.

Tesis de la Fiscalía General del Estado

La investigación penal se centró en la venta e intermediación irregular de pruebas rápidas para la detección de Covid-19 durante la emergencia sanitaria. 

Según la teoría del caso de la Fiscalía, los insumos médicos habrían sido comercializados ilegalmente con agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito y con terceras personas.

Alta médica y reacción de la defensa.

El expresidente comunicó en sus plataformas digitales que solicitó su alta médica voluntaria del centro hospitalario donde permanecía internado. 

Bucaram afirmó que padece una condición cardíaca delicada con 13.000 arritmias ventriculares.

Previo a la lectura de la sentencia, el exjefe de Estado había anticipado un fallo condenatorio en su contra, reiterando su inocencia. 

Asimismo, adelantó que sus familiares prevén acudir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revisar las actuaciones judiciales dentro de este caso.