Judicatura exige renuncia a directivos y destituye a jueza de Quito
El Consejo de la Judicatura solicitó este martes la renuncia de todos los directores provinciales del país para evaluar su gestión.
Se inició sumarios disciplinarios contra ocho funcionarios en cuatro provincias.
Judicatura
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Actualizado:
09 jun 2026 - 21:13
El Pleno del Consejo de la Judicatura tomó una serie de decisiones este martes 9 de junio de 2026, entre ellas solicitar la renuncia de todos los directores provinciales del país.
La medida busca evaluar la gestión de las dependencias provinciales y se suma a sanciones, destituciones e investigaciones disciplinarias adoptadas durante la jornada.
La resolución fue adoptada durante una de las dos sesiones desarrolladas por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
Según informó la institución, el pedido de renuncia tiene como objetivo revisar el desempeño de las direcciones provinciales y analizar posibles cambios en la estructura administrativa.
Evaluación nacional: ¿Qué pasará con las direcciones provinciales?
La decisión alcanza a todos los directores provinciales del organismo a escala nacional.
Las autoridades señalaron que este proceso permitirá valorar resultados y adoptar las acciones que consideren necesarias para fortalecer el funcionamiento institucional.
La medida se produce en medio de una serie de resoluciones relacionadas con el control interno y la supervisión del trabajo de servidores judiciales en distintas provincias del país.
Una jueza destituida y ocho funcionarios bajo investigación
En el ámbito disciplinario, el Pleno resolvió la destitución de una jueza de Quito tras determinar una actuación considerada negligente durante la tramitación de una causa relacionada con violencia intrafamiliar. La decisión se tomó luego del análisis del expediente correspondiente.
Además, se dispuso el inicio de procesos disciplinarios contra ocho funcionarios y exfuncionarios judiciales de las provincias de Esmeraldas, Guayas, Pastaza y Santo Domingo de los Tsáchilas. Las investigaciones buscan esclarecer presuntas irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones.
La Judicatura también informó sobre la sanción económica impuesta a una abogada en libre ejercicio profesional. La profesional recibió una multa equivalente al 50% de una remuneración básica unificada tras determinarse actuaciones relacionadas con una apelación presentada dentro de una acción de protección.
Finalmente, el organismo resolvió archivar investigaciones disciplinarias contra diez servidores y exservidores judiciales, luego de concluir que no existían elementos suficientes para establecer responsabilidades administrativas o infracciones en los casos analizados.
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