Caso de trabajadora con cáncer obliga a modificar normas laborales en el sector público

Una trabajadora de BanEcuador diagnosticada con cáncer papilar de tiroides enfrentó dificultades para continuar con sus actividades laborales mientras recibía tratamiento médico. Su caso llegó a la Corte Constitucional y dio paso a nuevas disposiciones que deberán cumplir las instituciones públicas de Ecuador.

La mujer denunció que no podía ingresar agua ni medicamentos a su lugar de trabajo, que el tiempo destinado a sus atenciones médicas era descontado de sus vacaciones y que había enfrentado situaciones de presunto hostigamiento laboral.

El caso fue analizado por la Corte Constitucional en la sentencia 1918-23-JP/26, del 14 de mayo de 2026, que ordenó al Ministerio de Trabajo emitir lineamientos para garantizar que los servidores públicos con enfermedades catastróficas puedan acceder a sus tratamientos sin afectar sus condiciones laborales.

En cumplimiento de esa disposición, el Ministerio de Trabajo expidió el Acuerdo Ministerial MTDH-2026-038, publicado en el Registro Oficial el 6 de noviembre de 2026.¿Qué cambia para los trabajadores con enfermedades catastróficas?

¿Qué cambia para los empleados con enfermedades catastróficas?

Aunque la legislación ecuatoriana ya reconocía derechos como la estabilidad laboral reforzada, los permisos médicos y la protección frente a la discriminación, el nuevo acuerdo establece procedimientos y plazos específicos para garantizar su cumplimiento.

Entre las principales disposiciones se encuentran:

• Teletrabajo prioritario: las instituciones deberán considerar esta modalidad como una medida de adaptación, de acuerdo con la evaluación técnica del puesto.
• Evaluación en 10 días laborables: las unidades de Talento Humano deberán emitir un informe sobre los riesgos del puesto y las adaptaciones necesarias.
• Permisos para tratamientos: no se podrán descontar de las vacaciones los períodos destinados a consultas, tratamientos y desplazamientos médicos.
• Protección laboral: se prohíbe terminar la relación laboral por motivos de enfermedad, salvo las causas previstas en la ley.
• Reubicación: los empleados podrán ser trasladados temporal o definitivamente a otras funciones, sin afectar sus derechos laborales.
• Confidencialidad: los datos médicos deberán mantenerse bajo reserva y no podrán utilizarse para justificar despidos o medidas discriminatorias.

La normativa también prohíbe exigir a los trabajadores que reprogramen sus tratamientos médicos para fines de semana o días no laborables.

60 días para adaptar protocolos en instituciones públicas

El acuerdo establece que las instituciones públicas cuentan con un término de 60 días desde su entrada en vigencia para elaborar, actualizar o adaptar sus protocolos internos de atención a empleados con enfermedades catastróficas.

Además, deberán implementar medidas para prevenir el acoso laboral, la discriminación y las represalias relacionadas con el estado de salud de los trabajadores.

Los servidores públicos que consideren vulnerados sus derechos podrán presentar denuncias ante las direcciones regionales del Ministerio de Trabajo.

Las nuevas reglas son obligatorias para las instituciones del sector público comprendidas en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP).