El esquema del delito: la ruta del dinero en la venta de puestos en el Ministerio de Educación

Tras los allanamientos ejecutados por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional en la sede del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, la Secretaría General de Integridad Pública confirmó que encabezó la investigación técnica. 

La indgación permitió desarticular una presunta estructura de corrupción dedicada a la venta de cargos y títulos académicos.

• Pedían dinero a cambio de puestos en el Min. de Educación

La titular de la entidad, Doménica Bajaña , informó que el proceso inició en abril de 2026 gracias a una alerta ciudadana. 

A partir de esa denuncia, la Secretaría articuló con el propio Ministerio de Educación para investigar a un funcionario de esa institución. 

El mismo era acusado de recibir montos de entre USD 1 000 y USD 10 000 a cambio de gestionar cargos públicos, títulos académicos y otros beneficios indebidos.

Modus operandi de la red investigada

Luego de analizar la información recolectada, la Secretaría formalizó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y coordinó las diligencias operativas con la Unidad de Delitos contra la Eficiencia de la Administración Pública de la Policía.

Según detalló José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, el trabajo coordinado permitió reconstruir la secuencia de los hechos e identificar la dinámica operativa del esquema:

• Acuerdo económico: Un ciudadano pactaba un pago con el principal investigado para la obtención de un título o cargo público.
• Transferencia y retiro: Una vez efectuada la transferencia bancaria, el dinero era retirado en efectivo.
• Entrega a servidores: El valor en efectivo era entregado a un servidor público del Ministerio de Educación.

Investigación por presunto cohecho

A diferencia de las primeras indagaciones por concusión, Doménica Bajaña precisó que la Secretaría de Integridad Pública impulsó las actuaciones bajo la hipótesis del delito de cohecho.  

Este delito está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Este delito sanciona la recepción y aceptación de beneficios indebidos por parte de servidores públicos con penas de uno a siete años de prisión.

"Este caso evidencia la importancia de contar con canales de alertas de posibles actos de corrupción, efectuar un análisis técnico inicial y coordinar interinstitucionalmente".

José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública

Por su parte, Bajaña ratificó que la entidad continuará canalizando las denuncias ciudadanas para que ningún acto de corrupción dentro de las carteras de Estado quede en la impunidad.

Cárcel para implicado

La Fiscalía informó que formuló cargos contra Roberto A., servidor público del Ministerio de Educación, por presunta oferta de realizar tráfico de influencias. 

El Juez que conoció la causa dispuso su prisión preventiva de acuerdo con el Ministerio Público.