Los consejeros de mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) consideran que las acciones de la contraloría, que les predeterminó responsabilidades administrativas, son una intromisión en el proceso electoral y non descartan denunciarlos antes el Tribunal Contencioso Electoral para pedir sanciones.
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El Contralor General del Estado aprobó el informe del examen especial en el que se determina incumplimiento por parte de los consejeros de mayoría del CNE al mantener la personería jurídica de cuatro organizaciones políticas que incumplieron con los requisitos legales.
La contraloría dispuso eliminar preliminarmente a cuatro movimientos políticos, entre ellos fuerza compromiso social que auspicia al Correismo. Estos movimientos se podrían haber inscrito con firmas de menores de 16 años y de personas fallecidas.
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Tras la lectura del informe borrador del cumplimiento de recomendaciones hechas al Consejo Nacional Electoral (CNE), la contraloría dispuso que se deje sin efecto la inscripción de 4 organizaciones políticas, entre estas, fuerza compromiso social.
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La jueza Ana Cristina Guerrón declaró nula una parte del proceso relacionado con el incendio a las instalaciones de la contraloría en las manifestaciones de octubre. Con ello, se pidió incorporar un peritaje antropológico social respecto a los 27 procesados por un concurso ideal de infracciones.
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El contralor general del estado, Pablo Celi, confirmó que el ataque a las instalaciones de la institución que preside fue direccionado a eliminar información sensible para romper la cadena de control de los procesos de auditoria.
Lo hizo en el marco de las comparecencias ante la comisión legislativa que investiga el paro. Además, estuvo la fiscal general Diana Salazar.
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La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, dijo que hay serios indicios de que el ataque a la contraloría fue concertado y planificado, hablo de evidencias que van más allá de tuits o proclamas en los hechos vandálicos de octubre.
Esto lo dijo la fiscal durante un evento en la contraloría, su titular Pablo Celi hizo la bandera del ecuador como muestra de fortalecimiento de la institución.
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Una veeduría ciudadana dará seguimiento a 27 auditorías de la Contraloría General del Estado a todas las actividades del seguro social.
La situación del IESS ha sido catalogada como preocupante y los veedores esperan que se transparenten las cifras para la toma de decisiones.
En Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, la Contraloría General del Estado notificó a concejales con predeterminación de destitución por supuestamente no haber actuado en la destitución de el exalcalde Manuel Casanova.
El Consejo de la Judicatura pide a la Contraloría auditar los bienes de los jueces que han sido destituidos.
Días atrás, 42 exservidores judiciales denunciaron haber sido separados de sus cargos ilegítimamente y aseguraron ser víctimas de abusos de poder.
