La Procuraduría General del Estado y Petroecuador exigen a Odebrecht una reparación de 281 millones de dólares por presuntos daños y perjuicios.
Los representantes de ambas entidades presentaron una demanda por presuntos incumplimientos contractuales en el Poliducto Pascuales Cuenca
Los detalles de esta noticia en el siguiente video:
Una hábil campaña publicitaria a favor del candidato presidencial Enrique Peña Nieto inundó las ondas mexicanas en la campaña electoral de 2012, pero pocos sospechaban quién supuestamente la había financiado: la gran empresa de la construcción brasileña Odebrecht, que ha reconocido su participación en la corrupción generalizada en Latinoamérica.
La fiscalía reveló el martes que el extitular de la petrolera estatal ha acusado a Peña Nieto. Además, a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de darle instrucciones de pagar a consultores políticos extranjeros más de 4 millones de dólares, provenientes de sobornos recibidos de Odebrecht.
En 2012, los partidarios del actual presidente Andrés Manuel López Obrador —quien entonces realizaba su segundo intento infructuoso de llegar a la presidencia— acusaron a la campaña de Peña Nieto de emplear a una veintena de asesores extranjeros, entre sudamericanos, españoles y estadounidenses. El Partido Revolucionario Institucional de Peña Nieto negó que esa gente trabajara para su campaña.
Pero Emilio Lozoya, el jefe de Pemex durante la presidencia de Peña Nieto que ha ofrecido colaborar con los investigadores a cambio de indulgencia en su propio caso de corrupción, ha dicho a los fiscales que cuenta con recibos, videos y otras pruebas documentales de los sobornos pagados por Odebrecht a cambio de futuros contratos de obras públicas en México. Lozoya fue extraditado desde España el mes pasado después de estar prófugo durante meses para evadir cargos de lavado de dinero.
El miércoles, López Obrador dijo que los fiscales deben difundir lo más que puedan acerca de la presunta corrupción sin perjudicar la investigación.
“Hay que proteger el debido proceso, pero también hay que ser lo más transparente posible”, dijo López Obrador. La vida pública debe ser cada día más pública.
Reacción Peña Nieto
Peña Nieto y Videgaray no hicieron declaraciones sobre las denuncias. En la actualidad, Videgaray es profesor en la facultad de empresa del Instituto Tecnológico de Massachusetts. No respondió de inmediato a un pedido de declaraciones por email.
El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, informó que el exdirectivo de la petrolera mexicana presentó una denuncia en la que narró las supuestas órdenes del exmandatario y Videgaray.
Pagos millonarios a legisladores
Según lo denunciado por Lozoya, dijo Gertz, una vez que ganó la presidencia y entró al poder en 2012, tanto Peña Nieto como Videgaray le ordenaron también hacer pagos millonarios a legisladores con el propósito de garantizar la aprobación en el Congreso de una serie de reformas al principio de su gobierno.
El fiscal refirió que como pruebas presentó a cuatro testigos, recibos y un video, por lo que la dependencia abrió una investigación.
Dijo que revisarán lo presentado y en su caso podrían citar a declarar a las personas involucradas.
“El que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado”, refirió Gertz.
Ya en el gobierno, aseguró, le ordenaron pagar al menos 120 millones de pesos a un diputado. Además, a cinco senadores para que se garantizara el apoyo legislativo a varias reformas entre 2013 y 2014.
Lozoya fue detenido en España y extraditado recientemente a México, donde se convirtió en el primer ex alto funcionario en quedar sujeto a un proceso penal por presuntamente recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht, que está envuelta en una serie de escándalos similares en varios países latinoamericanos.
López Obrador
De prosperar el caso, sería un importante logró para el gobierno de López Obrador. Él recibió la presidencia de manos de Peña Nieto y llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción en el país.
Sin embargo, López Obrador también ha sido cuidadoso y ha dicho que no busca revanchas con expresidentes. En varias ocasiones ha afirmado que antes de perseguir a uno de ellos lo sometería a una consulta pública./AP
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En medio de condiciones y sin un monto de reparación definido, terminaron los diálogos entre el Estado ecuatoriano y Odebrecht.
El procurador general del Estado aseguró que ahora la constructora deberá responder al Servicio de Rentas Internas, a la Fiscalía y a la Contraloría.
Los detalles en la siguiente nota:
Íñigo Salvador sobre negociaciones con Odebrecht
Ecuador rechazó las condiciones de la constructora para llegar a un acuerdo sobre las reparaciones por los casos de sobornos de funcionarios del anterior gobierno
Así lo anunció el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, en una rueda de prensa.
Salvador explicó que las conversaciones entre las partes estaban “terminadas” por la intransigencia de la empresa siguiendo una postura en la que se ha atrincherado desde diciembre y que el Estado no puede “tolerar”
El procurador explicó que la constructora quería imponer la suma de compensación sin calcular el daño real causado por sus sobornos y, lo peor de todo, bajo la condición de “lo tomas o lo dejas”.
Sobornos
En Ecuador entre 2007 y 2016 la constructora brasileña pagó sobornos por más de 35,5 millones de dólares a “funcionarios del Gobierno”, lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
Pero a pesar de ello, las partes entraron en negociaciones para obtener la cooperación eficaz de la firma brasileña.
Además, de obtener la reparación económica de los daños causados al Estado como consecuencia de los sobornos.
Salvador explicó que la compañía brasileña exigía la devolución de unos 115 millones de dólares retenidos por el Estado
Ecuador anunció que ha dado por finalizadas las conversaciones con Odebrecht, debido a que esta firma constructora ha condicionado una eventual reparación al Estado ecuatoriano, afectado por sus actos de corrupción.
Iñigo Salvador
La Procuraduría de Ecuador, en un comunicado, informó que Iñigo Salvador envió un anuncio a la empresa brasileña en la que le informa la decisión de finalizar las conversaciones.
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— Procuraduría Ecuador (@PGEcuador) May 21, 2020
Salvador aseguró que la compañía solicitó la devolución de 115 millones de dólares que están retenidos como condición para otorgar una reparación al Estado ecuatoriano.
Reparación al Estado
Asimismo, la firma brasileña había advertido de una afectación a su disposición de mantener una “cooperación eficaz” con la Fiscalía de Ecuador, si no se restituían los dineros que reclamaba.
Odebrecht mantiene obligaciones pendientes con el Estado ecuatoriano y con quienes fueron sus proveedores, obligaciones que deben ser cumplidas sin condicionamiento alguno
Precisó la Procuraduría en un comunicado.
Recursos Odebrecht
El comunicado agregó que la constructora no cuenta con recursos en el Ecuador que le permitan reparar al Estado en las dimensiones del daño causado.
La Procuraduría General “ejercerá, cuando corresponda, la defensa del Estado ecuatoriano, en resguardo de sus intereses, utilizando los mecanismos legales adecuados”, agregó el comunicado.
Inicio del dialogo con Odebrecht
El 10 de julio de 2019 , Odebrecht inició el diálogo con las autoridades ecuatorianas en el marco de un proceso de reparación integral por los daños causados.
Entonces, las autoridades ecuatorianas aseguraron que los daños causados por la compañía deberían abarcar la totalidad de las operaciones en Ecuador.
Prácticas de corrupción para conseguir contratos públicos
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EE.UU reveló que Odebrecht pagó $788 millones en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.
En Ecuador, afirmó que entre 2007 y 2016 la constructora brasileña pagó sobornos por más de 35,5 millones de dólares a “funcionarios del Gobierno”
Lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
El exauxiliar de servicios de presidencia, Christian Paredes, reconoce que desde el estado se remitía facturas en blanco de la empresa brasileña Odebrecht. Lo dijo en el cuarto día de audiencia de juicio del caso sobornos.
Más detalles de este acontecimiento en la siguiente nota:
Se retoma la audiencia por la demanda que interpuso Odebrecht contra Petroecuador por 174 millones de dólares, por la terminación unilateral del contrato del poliducto Pascuales – Cuenca.
Más detalles en el siguiente video:
Gibran Loor, representante de Odebretch en nuestro país, reconoció que plantearán un cruce de cuentas a Ecuador, si los tribunales ordenan que Petroecuador pague la indemnización.
Un exprocurador asegura que la falta de sentencias contra la empresa complica el litigio para Ecuador.
Más información en la siguiente nota:
En siete horas de audiencia, se analizaron 25 de las 87 pruebas presentadas por Odebrecht que reclama el pago de 174 millones de dólares por la terminación unilateral del contrato del poliducto Pascuales-Cuenca.
Más detalles de este acontecimiento en la siguiente nota:
La empresa brasileña Odebrecht, acusada de corrupción en este país y otros de Sudamérica, llevó el martes al Estado ecuatoriano a los tribunales para exigir 185 millones de dólares por concepto de pago de planillas pendientes de la construcción de un poliducto que está parado desde diciembre por problemas internos.
El director regional de Odebrecht, Mauricio Cruz, dijo que “no tenemos ninguna prioridad, ninguna intención este momento para llevar dinero a la matriz en Brasil o para pagar deudas en otros países; queremos pagar las deudas en Ecuador, como impuestos y a proveedores”.
En 2018 el gobierno terminó de forma unilateral el contrato con esa empresa, a la que acusó de incumplimiento de obligaciones en la construcción del poliducto denominado Pascuales-Cuenca, a través del cual se abastece de combustibles el sur del país.
Tal proyecto fue obtenido con el pago de coimas repartidas por Odebrecht, aunque funcionó por poco tiempo porque algunas de sus estructuras, literalmente, están cayéndose.
Cruz argumentó que “peritos expertos en el tema van a definir si hay vicios o errores de construcción o si por ejemplo la responsabilidad es del cliente por una falla de diseño de la ingeniería”.
El procurador judicial de la empresa estatal Petroecuador, Marco Prado, respondió que la obligación de Odebrecht era construir el poliducto y ponerlo en funcionamiento “y lo que tenemos son algunos problemas en la construcción misma… por ende hemos cobrado las garantías y hemos terminado la relación contractual”.
En diciembre de 2016 la compañía reconoció haber entregado unos 33,5 millones de dólares a autoridades ecuatorianas por la obtención de millonarios contratos, aunque la Procuraduría más tarde señaló que los sobornos superaron los 50 millones de dólares.
Odebrecht, que construyó grandes obras, especialmente en los últimos diez años, mantiene un acuerdo de cooperación con la fiscalía ecuatoriana para revelar detalles de la corrupción./ AP
Comienza la audiencia decisiva en la que se podría ordenar que Petroecuador pague una indemnización de 174 millones de dólares a Odebreht por la terminación unilateral del contrato del Poliducto Pascuales-Cuenca, obra entregada con fallas y sobreprecio.
Más información en la siguiente nota:
Odebrecht decide demandar a ecuador por 184 millones de dólares por falta de pagos en la factura del poliducto Pascuales – Cuenca. Esta obra registró más de 100 % de sobreprecio y pagos en coimas por más de 5 millones de dolores, peso a ello la compañía brasileña es la que decide demandar.
Más detalles de este acontecimiento en la siguiente nota:
La Policía presentó una nueva denuncia formal por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva -condenado en dos procesos y vinculado a siete más- por un caso relacionado con presuntas donaciones de la constructora Odebrecht al Instituto Lula.
De acuerdo con la Policía Federal, las investigaciones, que se enmarcan dentro de la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil, confirmaron “donaciones” por 4 millones de reales (unos 987.654 dólares) de la constructora Odebrecht al Instituto Lula entre diciembre de 2013 y marzo de 2014.
Las supuestas “donaciones” fueron transferidas a una “especie de cuenta corriente de sobornos” que mantenía la constructora a cambio de beneficios de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), según el informe de la Policía.
El coordinador de la investigación, el comisario Dante Perogago Lemos, decidió presentar la nueva denuncia formal “ante la disimulación del origen y la naturaleza” de los recursos repasados por Odebrecht al Instituto Lula, “falsamente presentados y registrados como donaciones”, según un informe de la Policía Federal de 130 páginas al que Efe tuvo acceso.
La Policía Federal concluyó su investigación el pasado lunes y envió el informe final, con recomendación de apertura de juicio, al Ministerio Público Federal en Curitiba para su evaluación y posterior envío a juez.
Además de Lula, fueron acusados Paulo Okamotto, presidente del instituto; el exministro de Hacienda Antonio Palocci y Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora.
La defensa del ex jefe de Estado señaló que la denuncia no tiene sentido ya que todas las donaciones al Instituto Lula fueron legales, tienen su origen identificado y se realizaron sin ninguna contrapartida.
Agregó que en la época de las donaciones Lula no ejercía ningún cargo público y que los recursos fueron destinados al instituto que lleva su nombre que no debe confundirse con la persona física del expresidente.
A pesar de haber salido de cárcel en noviembre, luego de permanecer por año y medio tras las rejas, Lula afronta nueve procesos abiertos en la Justicia, todos relacionados con casos de corrupción y tiene dos condenas abiertas en dos de ellos.
En uno de ellos el exmandatario cumple una sentencia ratificada en tercera instancia de 8 años y 10 meses por corrupción pasiva y blanqueo de capitales, después de haber sido hallado culpable de recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
La otra pena que pesa sobre Lula es de 12 años y 11 meses de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda.
Lula fue liberado a comienzos de noviembre tras una decisión de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la prisión de una persona condenada en segunda instancia y antes de que se agoten todos sus recursos en la Justicia. EFE
La constructora brasileña Odebrecht ha admitido que entregó unos 50 millones de dólares en coimas a funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa, dijo el miércoles el procurador general, Iñigo Salvador.
En declaraciones a una estación de televisión local, señaló que “tenemos una cifra aproximada, admitida por la compañía Odebrecht, de lo que representa coimas. Ellos sostienen que eso asciende alrededor de 50 millones de dólares, creemos que podría ser más”.
Aclaró que tal monto es tan sólo una parte del daño causado, porque aparte hay posibles sobreprecios, incumplimientos contractuales y el daño moral causado al país.
La empresa brasileña ha construido al menos 15 de las más grandes obras estatales ejecutadas en los últimos años, principalmente durante el gobierno de Correa (2007-2017), entre ellas, centrales hidroeléctricas, carreteras, ductos nacionales para combustible y proyectos de riego.
El nuevo director regional de Odebrecht, Mauricio Cruz Lopes, de visita en esta capital como parte de los esfuerzos por reinstalar las reuniones con representantes de Ecuador, ha dicho que este país le adeuda 103 millones de dólares, con los cuales busca pagar a 80 empresas ecuatorianas proveedoras y contratistas.
Ante ello, Salvador destacó que Odebrecht tiene que cumplir sus obligaciones con los proveedores ecuatorianos “trayendo fondos propios”.
“Es absurdo pensar que la única garantía que tiene el Estado ecuatoriano en este momento, para de alguna manera resarcirse de los daños sufridos a manos de la empresa Odebrecht por sus actos de corrupción… tengan que ser utilizados para que Odebrecht pueda cumplir sus obligaciones con sus proveedores”, expresó.
En diciembre de 2016 Odebrecht reconoció haber entregado unos 33,5 millones de dólares en sobornos a autoridades ecuatorianas a cambio de la obtención de grandes contratos estatales.
Odebrecht reconoció ante el Departamento del Tesoro estadounidense que entregó sobornos por unos 800 millones de dólares en diversos países de Latinoamérica a cambio de la concesión de grandes obras de infraestructura./ AP
Un juez peruano dictó este miércoles 18 meses de prisión preventiva contra el exprimer ministro César Villanueva, quien ocupó ese cargo durante el actual gobierno del presidente Martín Vizcarra y es investigado por presunta corrupción vinculada con el caso Odebrecht.
La decisión fue tomada por el juez Jorge Chávez, encargado del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a pedido de la Fiscalía que investiga la adjudicación a la brasileña Odebrecht de la construcción de una carretera en la región de San Martín, donde Villanueva fue gobernador regional.
Tras conocerse esta medida, los abogados del exprimer ministro y del exfuncionario regional Marco Díaz, para quien se dictó una orden de prisión similar, apelaron la medida.
EL PEDIDO DE LA FISCALÍA
El pedido de prisión preventiva fue sustentado por el fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, quien señaló que existen elementos de convicción y un grave peligro de obstrucción a la investigación por parte de Villanueva.
Juárez dijo que el exprimer ministro trató de infiltrarse en su despacho, mediante contactos con otros fiscales, y existe declaración del ingeniero de Odebrecht Ricardo Paredes, quien dijo que entregó 30.000 y 20.000 dólares a Villanueva y a Díaz, respectivamente.
El fiscal también informó que Díaz quiso acogerse a la colaboración eficaz (delación premiada), pero que él no aceptó su solicitud porque no aportó “información de calidad”.
LA SITUACIÓN DE VILLANUEVA
El abogado de Villanueva, Segismundo Suárez, reiteró que el expresidente del Consejo de Ministros permanece en grave estado de salud en una clínica de Lima, tras haber sufrido un “doble infarto cerebral”.
Sin embargo, el fiscal Juárez señaló que los certificados médicos indican que Villanueva padece de problemas coronarios, pero ninguno de ellos implica una situación de gravedad ni la necesidad de cuidados especiales.
En su decisión de este miércoles, el juez Chávez dijo que el informe del médico legista le permitió determinar que los problemas de salud de Villanueva “son anteriores a su comparecencia judicial” y que no impidieron que intentara infiltrar al equipo fiscal que lo investiga.
LOS DETALLES DEL PROCESO
La situación de Villanueva cambió nuevamente después de que el pasado 6 de diciembre quedó en libertad condicional, sin poder salir del país y bajo una fianza de unos 30.000 dólares, tras permanecer detenido durante ocho días por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
El ex primer ministro había sido arrestado por presuntamente haber buscado contactarse con uno de los fiscales del equipo especial de la Fiscalía para que le facilitara información de la investigación en su contra por los presuntos sobornos de Odebrecht.
Villanueva fue el primer jefe de Gobierno del actual presidente peruano, Martín Vizcarra, y está imputado por aparentemente haber recibido sobornos para adjudicar a Odebrecht la construcción de la carretera San José de Sisa cuando en 2008 ejercía de gobernador regional de San Martín, en la Amazonía peruana. EFE
El exprimer ministro de Perú César Villanueva fue detenido este martes en Lima por un presunto tráfico de influencias en el marco del caso de corrupción Lava Jato en Perú, anunció la Fiscalía.
Villanueva, que ejerció como primer ministro de abril de 2018 a marzo de 2019 en el actual mandato del presidente Martín Vizcarra, fue arrestado por presuntamente haberse contactado con dos fiscales para que lo ayudasen en una investigación por un supuesto soborno de la constructora brasileña Odebrecht.
El expresidente del Consejo de Ministros de Perú fue arrestado en un distrito del norte de la capital peruana y llevado posteriormente a su domicilio para que asistiese a su correspondiente allanamiento y registro, según precisaron medios locales.
PRESUNTO SOBORNO DE 60.000 DÓLARES
La Fiscalía peruana investiga a Villanueva por presuntamente haber recibido una dádiva de 60.000 dólares de Odebrecht a cambio de adjudicarle a la empresa la construcción de una carretera en la región de San Martín.
La orden de detención fue dictada por el juez Hugo Núñez, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a petición del fiscal Jesús Fernández, titular de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Esa resolución judicial también autoriza los arrestos de los fiscales a los que Villanueva trató de contactar, entre ellos Alberto Rossel, de la Fiscalía de Lima Norte, y su adjunto Ronald Chafloque, además de al empresario José María Santisteban, que supuestamente hizo de enlace entre las partes.
El presunto soborno de Odebrecht a Villanueva fue revelado por el exdirector de la empresa brasileña en Perú, Jorge Barata, durante una de sus declaraciones a los fiscales peruanos que investigan el caso en su condición de colaborador eficaz (delator premiado).
“CURRICULUM VITA”, SU NOMBRE CLAVE
Barata detalló que el apodo que Villanueva tenía dentro de la contabilidad de la oficina de operaciones estructuras encargada de realizar los sobornos de la constructora era “Curriculum Vita”, que coincide con la sigla del político.
Según Barata, Odebrecht hizo en 2008 un pago de 60.000 dólares a Villanueva para adjudicarse la construcción de la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa.
Villanueva fue primer ministro en el primer Gobierno de Vizcarra hasta que en marzo de este año dimitió al argumentar que sentía que había cumplido un ciclo.
Antes de su nombramiento, fue instigador del segundo proceso para destituir al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que se vio obligado a dimitir antes de que lo destituyese el Congreso por presuntamente haber ocultado bajo consultorías 782.000 dólares recibidos de Odebrecht cuando era ministro del expresidente Alejandro Toledo.
SIN INMUNIDAD PARLAMENTARIA
Cuando dejó el cargo, Villanueva continuó como congresista hasta que el Parlamento fue disuelto por Vizcarra para convocar nuevas elecciones legislativas, lo que le hizo perder la inmunidad parlamentaria para ser detenido.
Por los sobornos y donaciones irregulares de Odebrecht a las campañas electorales de los grandes líderes políticos de Perú están inmersos todos los expresidentes desde el 2001.
Contra Alejandro Toledo (2001-2006) hay una solicitud de extradición pendiente de ser respondida por Estados Unidos, Alan García (2006-2011) se suicidó con un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido, Ollanta Humala (2011-2016) afronta una acusación de 20 años de prisión y Pedro Pablo Kuczynski permanece en arresto domiciliario.
En prisión preventiva también está la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y la líder opositora Keiko Fujimori, quien los próximos días quedará en libertad por decisión del Tribunal Constitucional. EFE
Un exdirectivo de la enorme constructora brasileña Odebrecht que fue informante en una extensa investigación por corrupción fue hallado muerto en su apartamento en Río de Janeiro.
La policía estatal dijo el miércoles que el cadáver de Henrique Valladeres fue entregado a su familia tras ser examinado por el forense. La policía dijo en un correo electrónico que la causa de la muerte no había sido determinada.
Valladeres fue uno de muchos informantes en la operación Lava Jato, la vasta pesquisa anticorrupción que ha llevado a prisión a numerosos políticos y empresarios desde su inicio en el 2014.
La prensa local dice que el exejecutivo ofreció información incriminatoria sobre pagos turbios a un excandidato presidencial y un exministro de justicia.
Un juez de Brasil rechazó este lunes la denuncia presentada por la Fiscalía contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, y su hermano José Ferreira da Silva, conocido como Frei Chico, en un caso por el supuesto pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht.
La decisión fue tomada por el magistrado de primera instancia de Sao Paulo Ali Mazloum, quien no vio “causa justa para la apertura de la acción criminal” contra los acusados.
“La denuncia es inepta”, sentencia el juez en su auto.
La Fiscalía de Sao Paulo presentó una querella el lunes de la semana pasada en la que, además de Lula y su hermano, también presentó cargos contra el patriarca de Odebrecht, Emilio Odebrecht, y su hijo Marcelo Odebrecht, este último condenado ya por otros asuntos de corrupción.
La denuncia sostiene que Frei Chico, sindicalista con carrera en el sector petrolero, recibió entre 2003 y 2015 un total de 1,13 millones de reales (275.000 dólares) en pagos mensuales que oscilaban entre los 700 y los 1.200 dólares al cambio actual.
Esos pagos formaban parte de un “paquete” de “ventajas indebidas” ofrecidas a Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, a cambio de favorecer al grupo Odebrecht en la obtención de contratos públicos, de acuerdo con la Fiscalía.
“No se necesitaría un agudo sentido de la justicia, solo un poco de sentido común, para darse cuenta de que la acusación se basa en interpretaciones y un revoltijo de suposiciones”, apunta el juez Mazloum, quien dictó, en caso de que nadie recurra su decisión de rechazar la denuncia, archivar los autos.
Lula cumple actualmente una pena de 8 años y 10 meses de prisión, ratificada en tres instancias diferentes, por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales, tras haber sido hallado culpable de recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
Sobre Lula ya pesa otra condena a otros 12 años y 11 meses de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda, y tiene otros procesos abiertos en la Justicia por igualmente asuntos de corrupción.
El expresidente siempre ha declarado su inocencia y que es víctima de una “persecución judicial” que busca evitar su regreso al poder.
Fuente: EFE
El fiscal José Domingo Pérez, parte del equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en Perú, alertó mediante una carta al coordinador del equipo, el fiscal Rafael Vela, sobre “posibles actos de infiltración de informantes”.
Según la misiva cuyo texto fue publicado este viernes en medios locales, Pérez señala que el propósito sería “entorpecer y obstruir la averiguación de la verdad en los casos de corrupción y lavado de activos seguidos por la delación de Odebrecht”.
En ese sentido, recomendó la “evaluación continua del personal del equipo especial” y “adoptar procedimientos de identificación y control de usuarios y abogados litigantes en sus oficinas”.
El documento remitido por Pérez recoge además situaciones que el fiscal calificó de intimidación, como la propagación en redes sociales de un encuentro que tuvo en su oficina con Lourdes Carreño, quien es la apoderada legal de Odebrecht en Perú.
Según Pérez, el usuario de Twitter ‘Jota Maelo’, usuario de Juan José Muñico escribió: “En estos momentos Lourdes Carreño Carcelén, representante legal de Odebrecht, en la oficina de JDP (José Domingo Pérez). Uhmm Te estamos chequeando ‘héroe'”.
“Como podrá determinarse, los ‘tuits’ son una difusión a la opinión pública en la que se me intimida con el siguiente mensaje: ‘te estamos chequeando'”, apuntó Pérez en su carta.
Asimismo, según informó el diario Perú 21, la misiva también hace referencia a la publicación de reuniones reservadas que mantuvieron los fiscales con la abogada Carreño, mediante el portal La Resistencia, vinculado a los congresistas del partido fujimorista Fuerza Popular, entre ellos Rosa María Bartra.
La líder de ese partido es Keiko Fujimori, a quien la Corte Suprema redujo este jueves su periodo de prisión preventiva de 36 a 18 meses por haber presuntamente ocultado la donación de un millón de dólares de Odebrecht para financiar su campaña a la Presidencia de Perú en las elecciones generales de 2011.
Por el caso Odebrecht, en Perú están imputados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), actualmente preso en Estados Unidos mientras la Justicia de ese país decide si lo extradita a Perú, y Ollanta Humala (2011-2016), para quien la Fiscalía pidió 20 años de cárcel por presunto lavado de activos en la financiación irregular de sus campañas electorales.
También está investigado Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien cumple 36 meses de arresto domiciliario, mientras que la exalcaldesa de Lima Susana Villarán tiene 24 meses de cárcel mientras es investigada.
El expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó el pasado abril cuando la Fiscalía fue a detenerlo por supuestamente haber recibido también sobornos de la empresa.
El exalcalde de Lima Luis Castañeda fue el último en ser incluido en esta investigación y mantiene un impedimento de salida del país por 18 meses.
Fuente: EFE
El anuncio del presidente Lenín Moreno de que no se firmará ningún contrato con Odebrecht pese al pago de la reparación, deja reacciones positivas. La posibilidad de que la compañía vuelva a Ecuador, se abrió tras declaraciones de varios ministros.
Más detalles de este acontecimiento en la siguiente nota:
El expresidente de Odebrecht en el país, José Conceição Santos confirma la entrega de sobres con dinero para Alianza País, aseguró que Odebrecht aportó más de 5 millones de dólares para la campaña presidencial de 2012 y la seccional de 2014 .
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