Una jueza británica dictaminó este viernes que el activista australiano Julian Assange continuará en prisión mientras espera a que en febrero se celebre el juicio para decidir si es extraditado a Estados Unidos.
Assange, de 48 años, debía abandonar la cárcel HMP Belmarsh, al oeste de Londres, el próximo 22 de septiembre, tras cumplir una sentencia por haber violado las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido en 2012.
En una vista en la Corte de Magistrados de Westminster, la jueza Vanessa Baraitser decidió que el fundador de WikiLeaks permanecerá privado de libertad debido a su «historial de evasión».
«Desde mi punto de vista hay motivos sustanciales para creer que, si le libero, volverá a evadirse», declaró la magistrada.
Assange, que comparecía por videoconferencia desde la prisión, fue preguntado si comprendía la situación en la que se encuentra: «La verdad es que no, estoy seguro de que los abogados me la explicarán», respondió.
En febrero, está previsto que se celebre el juicio de extradición a Estados Unidos, que le reclama por cargos que pueden suponer una condena de hasta 170 años de prisión, mientras que en octubre se han programado dos vistas previas de carácter administrativo.
El «hacker» australiano fue detenido por la Policía británica a principios del pasado abril en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió durante cerca de siete años por temor a ser extraditado a Estados Unidos.
Washington le reclama por los miles de documentos secretos que aireó su portal WikiLeaks y le acusa, entre otros cargos, de «conspiración» para infiltrarse en sistemas informáticos gubernamentales.
En junio de 2012, Assange debía presentarse ante la justicia británica para responder por unos supuestos delitos sexuales de los que se le acusaba en Suecia.
Aunque más tarde el país nórdico retiró la petición de extradición contra él, el Reino Unido mantuvo la orden de capturarle por no haber comparecido cuando se le requería, lo que le acarreó la pena que está a punto de cumplir por completo. / EFE
Los futbolistas rusos Alexandr Kokorin (Zenit) y Pável Mamáev (Krasnodar) obtuvieron este viernes el beneficio de la libertad anticipada, tras cumplir la mayor parte de las penas a las que fueron condenados en mayo por gamberrismo y agresión.
El tribunal de la región de Bélgorod, en una vista celebrada en el recinto penitenciario donde se encuentran los jugadores, satisfizo la peticiones de libertad anticipada de Mamáev y Kokorin, así como la del hermano de este último, Kiril, condenado por el mismo motivo.
«La decisión judicial entrará en vigor dentro de diez días en caso de que no sea recurrida», dijo al agencia Interfax Irina Sazónova, portavoz del tribunal.
Los futbolistas internacionales fueron condenados el pasado 8 de mayo a 18 meses de prisión, en el caso de Kokorin, y a 17, en el de Mamáev, por gamberrismo y agresión en dos peleas ocurridas en octubre de 2018 en el centro de la capital, tras lo cual fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva.
Según el fallo, Kokorin y Mamáev agredieron a dos funcionarios en un café y al chófer de una presentadora de la televisión pública rusa en plena calle.
En particular, el delantero del Zenit asestó tres golpes con una silla a Denis Pak, funcionario del Ministerio de Industria y Comercio, después de que este les afeara su comportamiento en el café.
El Zenit, al contrario que el Krasnodar, ha expresado su deseo de recuperar a su jugador, en su momento la mayor promesa del fútbol ruso. EFE
La Corte Suprema de Perú anunció el viernes que postergó indefinidamente su decisión sobre si libera o mantiene en prisión a la líder opositora Keiko Fujimori mientras es investigada por presunto lavado de dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales.
El juez supremo Hugo Príncipe dijo que tras el estudio del caso “no se ha formado una resolución (decisión)” entre los cinco magistrados y que de acuerdo con las leyes peruanas el proceso “seguirá su trámite”. La ley ordena que debe haber cuatro votos a favor o en contra para emitir un fallo. Si no se obtiene ese número de votos, se debe convocar a otro juez para alcanzar una mayoría.
La hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), también preso, se encuentra en prisión desde hace nueve meses en una cárcel de mujeres de Lima. Un equipo de fiscales que investiga a la élite política peruana afirma que Fujimori habría usado su partido político para lavar dinero de la constructora brasileña y que esos fondos fueron utilizados durante sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. Fujimori, de 44 años, niega tales acusaciones.
El caso Odebrecht ha remecido a la élite política de Perú, al igual que a la de otros países de la región, luego de que en 2016 la compañía admitió haber pagado sobornos para obtener jugosos contratos en casi toda Latinoamérica.
Todos los presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht.
El expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) fue detenido en Estados Unidos por una solicitud de extradición de la justicia peruana. El exmandatario Ollanta Humala (2011-2016) y su mujer afrontan un juicio por lavado de activos y corrupción que podría llevarlos más de 20 años a la cárcel y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) está bajo arresto domiciliario mientras también es investigado por un caso ligado a la constructora brasileña. En tanto, Alan García (2006-2011) se suicidó de un disparo en la cabeza para evitar ser detenido mientras se lo investigaba por sus nexos con Odebrecht./ AP
En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Ernesto Pazmiño, director nacional de rehabilitación, analizó la situación del sistema penitenciario.
Pazmiño asegura que el estado de excepción evidencia la voluntad política del Gobierno por solucionar la crisis carcelaria que se ha mantenido durante varios años.
Dentro de este estado de excepción se plantea dos temas fundamentales: la disposición de movilizar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para establecer mecanismos que permitan iniciar un proceso técnico y serio de rehabilitación. Y la asignación de los fondos y recursos económicos necesarios que contribuyan a la modernizar tecnológicamente del sistema penitenciario.
Además, considera que no se va a mejorar si el sistema de justicia no actúa de manera correcta, debido a que sostiene que no se están aplicando mecanismos de sanción correctos, como es el caso de la aplicación indiscriminada de la prisión preventiva.
Finalmente, afirma que no se va a erradicar por completo este problema pero si se va a establecer las bases para erradicar la violencia y delincuencia dentro de las cárceles.
La Justicia rusa condenó hoy a un año y medio de cárcel a los futbolistas rusos Alexandr Kokorin (Zenit) y Pável Mamáev (Krasnodar) por gamberrismo y agresión en dos peleas ocurridas en octubre de 2018.
El juez satisfizo así la petición de la Fiscalía, que consideró demostrada la culpabilidad de ambos futbolistas, que se encuentran en prisión preventiva desde hace casi siete meses.
Por ello, Kokorin aún tendrá que cumplir siete meses y medio entre rejas y Mamáev, seis y medio, ya que fue sentenciado a un mes menos que su compañero.
Aunque, según la reciente práctica penal, cada día en prisión preventiva cuenta como día y medio, por lo que ambos podrían salir en libertad en el plazo de unos tres meses.
Kokorin y Mamáev fueron condenados por agredir a dos funcionarios en un café y en plena calle al chófer de una presentadora de la televisión pública rusa.
En particular, el delantero del Zenit asestó tres golpes con una silla a Denis Pak, funcionario del ministerio de Industria y Comercio, después de que éste les afeara su comportamiento.
De poco sirvió que los abogados defensores insistieran en que sus clientes reaccionaron violentamente a las provocaciones y los insultos supuestamente pronunciados por los agredidos.
El fallo fue recibido con llantos e incredulidad por los familiares de los jugadores, que pidieron el lunes perdón por los hechos cometidos y aseguraron haber aprendido la lección.
También fue condenado a un año y cinco meses por los mismos cargos el entrenador infantil Alexandr Protasovitski, mientras el hermano pequeño de Kokorin, Kiril, fue absuelto, aunque tendrá que cumplir once meses de servicios sociales.
El jefe del Consejo de Derechos Humanos adscrito al Kremlin, Mijaíl Fedótov, consideró justificada la condena para un caso de gamberrismo.
«El juez demostró que para él todos son iguales ante la ley, sean famosos futbolistas, actores, funcionarios o ciudadanos de a pie. Así debe ser», señaló.
Paradójicamente, en la sesión del lunes ambos futbolistas recibieron con sonrisas la posible condena a un año y medio de cárcel, ya que ambos delitos podrían haberles acarreado varios años de prisión.
Ambos fueron detenidos después de agredir brutalmente el pasado 8 de octubre a dos funcionarios y a un conductor, incidente que les granjeó duras críticas por parte de numerosas personalidades del mundo de la política, el deporte y la cultura, aunque últimamente cada vez eran más las voces que pedían su liberación.EFE
Desde la superintendencia de la policía federal en Curitiba, donde cumple una condena a ocho años y 10 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que Brasil está siendo gobernado por una “banda de locos”.
El expresidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT) que gobernó Brasil entre 2002 y 2016 dijo que la población debe hacer una autocrítica tras la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro.
“Vamos a hacer una autocrítica general en este país. Este país no puede estar gobernado por la banda de locos que lo gobierna. El país no se lo merece y principalmente el pueblo no se merece esto”, dijo Lula en una entrevista exclusiva con los diarios El País y Folha de Sao Paulo.
El líder del PT está preso en Curitiba desde abril de 2018 luego de que un tribunal de segunda instancia ratificó la condena del exjuez Sergio Moro -actual ministro de Justicia de Bolsonaro- que lo declaró culpable de haber recibido un apartamento en la ciudad de Guarujá como soborno de la constructora OAS.
“Estoy obsesionado por desenmascarar al juez Moro y a aquellos que me condenaron. Quiero probar la farsa que se montó en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, aseguró el expresidente en la primera entrevista que la justicia le autorizó a dar desde prisión.
Este martes, en una decisión unánime, el Supremo Tribunal redujo la pena del expresidente de 12 años a ocho años y 10 meses por lo que, si no recibe una nueva condena en lo inmediato, podría pasar a un régimen semiabierto de prisión en septiembre.
Lula está condenado en primera instancia por haber recibido obras de reformas en una finca en la ciudad de Atiabia como soborno.
“Sé muy bien cuál es el lugar que la historia me guarda. Reafirmo mi inocencia, que se probó en diversas acciones”, dijo Lula.
Aunque centró sus críticas en Moro, quien dejó la justicia para convertirse en funcionario de Bolsonaro, Lula fue declarado culpable en segunda instancia y también en el Supremo Tribunal.
“Cuando veo en televisión a la gente que me condenó, sabiendo que son mentirosos, paso muchos momentos de tristeza. Pero lo que me mantiene vivo es mi compromiso con este país”./ AP
El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien cumple una condena por corrupción, pudo abandonar la prisión el sábado para asistir al funeral de su nieto.
Da Silva salió de la cárcel en Curitiba a las 7 de la mañana, voló a Sao Paulo y de allí se trasladó en helicóptero a Sao Bernardo do Campo, donde tenía lugar el funeral. Es la primera vez que sale desde su encarcelamiento en abril del año pasado.
El viernes se informó que Arthur Lula da Silva, de siete años, murió de meningitis. Es hijo de Sandro Luis Lula da Silva, uno de los hijos del expresidente. Los abogados de Lula solicitaron el permiso para asistir al funeral el viernes por la tarde.
En enero murió el hermano de Lula, pero la corte no le permitió salir de la prisión a pesar de que la ley autoriza a los presos a asistir a funerales de familiares.
Lula purga 12 años de prisión por lavado de dinero y otros hechos de corrupción.
El líder campesino Medardo Mairena, quien en 2018 participó en protestas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pagará una pena de 216 años de prisión por terrorismo y otros delitos, informó este lunes la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
La pena fue emitida de forma sorpresiva esta mañana, por el titular del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio, Edgard Altamirano, en el Complejo Judicial de Managua.
Altamirano, descrito por medios nicaragüenses como un fiel a Ortega, ordenó en el mismo juicio 210 años de cárcel para el Pedro Mena y 159 con 3 meses para Orlando Icabalceta, ambos líderes campesinos que, junto con Mairena, participaron en protestas antigubernamentales desde 2013.
«Las penas son irrisorias, son del triple de lo que pidió la misma Fiscalía, que solicitó 73 y 63 años, a pesar de que la pena máxima en el país son 30 años», cuestionó el abogado defensor Julio Montenegro, quien dijo además que no fue citado por el juez Altamirano, para presenciar la audiencia.
Los líderes campesinos fueron inculpados anoche por los delitos de terrorismo, robo agravado, daños agravados, secuestro y entorpecimiento de servicios públicos.
El 18 de diciembre pasado, cuando los campesinos fueron declarados culpables, Montenegro señaló que el juez no incluyó los alegatos finales del caso, debido a que supuestamente ya había redactado el fallo, desde antes del inicio de la audiencia.
Los líderes rurales, detenidos el 13 de julio pasado, son miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la contraparte del Gobierno en un diálogo para superar la crisis que fue suspendido de forma indefinida en julio pasado, después de que grupos oficialistas atacaron a obispos de la Iglesia católica, quienes actuaban como mediadores.
Las protestas contra Ortega alcanzaron su pico entre abril y julio pasados en toda Nicaragua, tras lo cual el Gobierno realizó acciones violentas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado como crímenes «de lesa humanidad».
Desde abril pasado la crisis sociopolítica de Nicaragua ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de «golpe de Estado fallido». EFE
En España, las autoridades investigan a cuatro ecuatorianos detenidos por abusar sexualmente de una joven de 19 años el pasado 1 de enero.
Se cree que ella no sería la única víctima. El caso ha conmocionado al país.
El abogado del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) Luis Chiriboga, Juan Carlos Machuca, solicitará la prelibertad de su defendido «en los próximos meses», tras su traslado el viernes al centro de rehabilitación de Latacunga, al sur de Quito.
Machuca informó a Efe que se encuentran preparando la carpeta que presentarán al juez penitenciario con toda la documentación requerida para lograr la prelibertad de Chiriboga, algo que podría demorarse «varios meses» debido a la «complejidad» de los documentos que se necesitan, entre ellos un informe psicológico.
También comentó que, ahora que el expresidente de la FEF ya se encuentra en un centro de rehabilitación social (CRS), se cumplen todas las condiciones para que se le conceda la prelibertad, al haber cumplido más de un 40 por ciento de su condena bajo arresto domiciliario, y debido a su avanzada edad -tiene 73 años-.
«Hemos constatado que en Latacunga va a estar bien atendido por sus problemas de salud ya que hay a su disposición un médico las 24 horas del día», explicó el abogado, que se mostraba muy preocupado por el estado de su defendido al trasladarlo a la prisión el viernes.
Un tribunal ecuatoriano dispuso ese día el traslado a una cárcel del expresidente de la FEF, quien cumplía arresto domiciliario desde 2015, en el marco del caso de corrupción conocido como FIFA Gate.
En 2016, un tribunal de Ecuador condenó a diez años de prisión al expresidente de la FEF, al declararle coautor del delito de lavado de activos, pero el pasado 5 de julio, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) redujo la pena a seis años, tras un recurso de casación presentado por la defensa.
Chiriboga presidió la FEF durante 18 años hasta que explotó el escándalo mundial de directivos vinculados con actos de corrupción, por lo que renunció en marzo de 2016, tras entregarse a la justicia en diciembre de 2015. EFE
David Berry Jr. de Missouri tendrá que ver la película animada ‘Bambi’, por lo menos una vez al mes durante el año que estará en prisión, eso cómo sentencia por haber matado de manera ilegal cientos de ciervos según el diario Springfield News-Leader. Agentes de conservación han denominado la caza ilegal de ciervos más grande en toda la historia, por lo que ha sido sentenciado también a pasar 120 días en el condado Barton por violar la libertad condicional por posesión de armas de fuego.
El fiscal del condado Lawrence, Don Trotter, expuso que Berry Jr, tomaba solo las cabezas de los animales para dejar los cuerpos abandonados. La sentencia del juez Robert George dispuso que el cazador, “vea la película de Walt Disney, Bambi, antes del 23 de diciembre de 2018 por primera ocasión y por lo menos una vez cada mes a partir de entonces”.
Fuente: AP
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El futbolista internacional danés Nicklas Bendtner ha sido condenado hoy por un juzgado de Copenhague a cincuenta días de prisión incondicional, por un altercado en septiembre pasado en el que le rompió la mandíbula a un taxista.
El fallo rechaza que el futbolista, de 30 años y que actualmente juega en el Rosenborg noruego, actuase en defensa propia y absuelve al taxista, al que la fiscalía acusaba de intento de agresión.
Según los hechos probados, Bendtner y su novia, que discutían de forma acalorada, montaron en un taxi y lo dejaron minutos después sin pagar tras una disputa sobre el recorrido con el conductor.
El taxista fue en busca de ellos, arrojó una lata en dirección al jugador, aunque no lo alcanzó; intercambiaron insultos y Bendtner lo tiró al suelo de un puñetazo y le dio una patada, según muestran las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona.
«Hemos dado especial relevancia al vídeo. Se pueden ver el puñetazo y la patada. Es una condena por violencia, violencia bastante grave», señaló el fallo.
Bendtner, que recurrirá la sentencia, deberá indemnizar al taxista con 11.350 coronas danesas (menos de 2.000 euros) y pagar las costas del juicio.
La fiscalía pedía tres meses de prisión incondicional para el exjugador del Arsenal y Juventus, y pena condicional para el taxista.
Bendtner, al que en 2013 un tribunal danés le quitó el carné tres años por conducir borracho, tiene un amplio historial de escándalos, sobre todo por su vida nocturna.
La condena pone en peligro el futuro profesional del futbolista, tanto en el Rosenborg como en la selección danesa.
El club noruego, con el que ayer se clasificó para la final de Copa con un gol suyo, había dicho que esperaría a la sentencia antes de tomar medidas sobre el futbolista, que acaba contrato en verano.
El seleccionador danés, Åge Hareide, tildó hace un mes de «impensable» convocar a un jugador condenado por actos violentos.
Bendtner ha jugado 81 partidos con la selección absoluta danesa, en los que ha marcado 30 goles, y formó parte de la plantilla que disputó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.
El delantero del Rosenborg parecía un fijo en la lista para Rusia 2018, pero una lesión en la concentración lo dejó fuera y, desde entonces, no ha vuelto a ser convocado. EFE
El tribunal de garantías penales de Portoviejo dictaminó un año de prisión en contra del ciudadano procesado por ataque y resistencia contra un agente de tránsito.
En abril pasado, el sujeto arrastró con su carro a una agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador.
La agresión fue captada en video y difundida en redes sociales. El conductor se entregó a los cinco días de haber cometido la agresión y ya lleva cinco meses en la cárcel de Jipijapa.
La Policía Federal de Brasil detuvo en el aeropuerto internacional de la ciudad Belo Horizonte a un joven que había ingerido 100 cápsulas con cocaína, que pretendía transportar hasta Lisboa, informaron fuentes oficiales.
Según la Policía, la captura del joven brasileño de 20 años se produjo el domingo en momentos en los que embarcaba en el terminal aéreo rumbo a la capital portuguesa, cuando las autoridades realizaban fiscalización de drogas ilícitas.
El joven, natural de la ciudad de Barcarena, en el nororiental estado de Pará, una de las regiones más pobre de Brasil, fue trasladado a un hospital donde un escaner confirmó la presencia de las cápsulas en el estómago del joven.
Hacia el medio día de hoy el joven había expulsado 79 cápsulas, según informaron las autoridades y, una vez haya sacado la totalidad de la droga, será trasladado a la Penitenciaría Nelson Hungría, donde puede cumplir hasta 15 años de prisión, si es condenado.
Fuente: EFE
En la noche, la plaza del Reloj en Cartagena se llena de niñas y adolescentes vestidas para aparentar más de 18 años. Hombres y mujeres a su alrededor las promocionan para que los turistas que acuden a diario a la ciudad se fijen en ellas.
Estas jóvenes mujeres son víctimas de explotación sexual y trata de personas, muchas de ellas provienen de barrios humildes y fueron aprehendidas por Liliana del Carmen Campos Puello, alias Madame, considerada por la Fiscalía como la líder de la red más grande de proxenetismo en Cartagena.
Madame, de 42 años, fue fraguando este negocio millonario por más de una década a costa de la vulnerabilidad de estas niñas que viven en condicionas primarias, con calles sin asfaltar, sin servicios básicos, entre otras. Madame las sedujo con promesas de que podían ser modelos y ganar dinero fácilmente, según Mario Gómez, el fiscal de Infancia.
Gómez participó en la operación Vesta que llevó a la cárcel a Campos Puello por el delito de trata de personas, el de acuerdo para delinquir y el de inducción a la prostitución. Ahora Madame debe pagar una pena de 27 años en la cárcel.
La Madame fue seguida por autoridades colombianas en colaboración con agencias de EE.UU. durante 6 meses y se cuenta con más de 7.000 horas de grabaciones. También se siguió a un grupo de israelíes que administraban un negocio de proxenetismo internacional y a un militar que, además de explotar a menores, las obligaba a tatuarse su nombre en alguna parte del cuerpo después de violarlas.
Las jóvenes reclutadas eran «repartidas» en las calles de Cartagena, en hostales en los que hacía fiestas de lujo y en islas. Según investigaciones, el esposo de Campos Puello era el responsable de la venta de alcohol y drogas en un paquete ‘todo incluido’ de la red. “Las menores eran vendidas en catálogos”, asegura el fiscal general Néstor Humberto Martínez.
Normalmente, Madame paseaba con un amplio acompañamiento de jóvenes por Cartagena. Las acompañaba a las casas coloniales, pues ahí se llevaban a cabo grandes eventos con extranjeros. “Hubo fiestas en las que las jóvenes hicieron fila para ser escogidas por los clientes, en un claro acto de cosificación, contrario a la dignidad y el respeto por los derechos humanos”, explica la juez en la audiencia en la que se dictó prisión para la proxeneta por explotar a las menores.
Muchas de las víctimas son jóvenes venezolanas de todas las clases sociales que escaparon de la crisis de su país y accedieron al negocio por que lo necesitaban.
Revisar la revocatoria a la prisión preventiva de Iván Espinel es uno de los pedidos que se hace desde la unidad de análisis financiero del Ecuador, según lo confirmó Aquiles Rigail, presidente subrogante del Consejo de la Judicatura, quien defiende la suspensión de la Jueza Dávila.
La justicia de El Salvador condenó a 16 años de prisión a un hondureño y un ecuatoriano por «dedicarse a traficar droga a bordo de lanchas» en aguas salvadoreñas, informó hoy la Fiscalía.
La entidad identificó a los condenados como Óscar Armando Matamoros Mejía y Adolfo Guevara Ardila, originarios de Honduras y Ecuador, respectivamente.
Detalló que los mismos fueron detenidos en agosto de 2016 por la Fuerza Naval en alta mar cuando transportaban 604 kilogramos de cocaína, por lo que una corte los condenó por el delito de «tráfico ilícito en la modalidad internacional».
La División Antinarcóticos (DAN) de la Policía se incautó de un total de 2.072 kilogramos de diferentes tipos de droga hasta inicios de mayo de 2018, con un valor económico de aproximadamente 41 millones de dólares.
Un informe elaborado por Estados Unidos sobre el narcotráfico en el mundo indica que el 90 por ciento de la cocaína que llegó al mercado norteamericano en los primeros seis meses de 2015 pasó por el corredor centroamericano.
Las cárceles salvadoreñas albergan a más de 500 extranjeros, principalmente de Guatemala, Nicaragua, Honduras y Ecuador, quienes representan aproximadamente el 1,39 por ciento de la población reclusa en el país centroamericano. EFE
Nueva condena para el excontralor Carlos Pólit, recibe 6 años de prisión por concusión en el caso Odebrecht.
La sentencia también alcanzó a su hijo John Pólit quien recibió tres años de cárcel por cómplice de concusión. Ambos deberán cancelar 40,4 millones de dólares como reparación integral.
El exsecretario nacional de inteligencia Pablo Romero y el exdirector de inteligencia de la policía Fausto Tamayo, fueron vinculados como autores de asociación ilícita y plagio en el secuestro del exasambleísta Fernando Balda.
La jueza Daniela Camacho dictó prisión preventiva para los dos implicados.
A un año de prisión fue sentenciado el sujeto que realizó llamadas de amenazas de bombas en un colegio particular.
El individuo aceptó su culpabilidad y mencionó que la intimidación era en represalia porque le negaron las matrículas a sus hijos.
